La clave de la reunión de ayer entre la Comisión Europea y el Gobierno de España (Mariano Rajoy y siete ministros) es que se celebró --a iniciativa de la Comisión-- poco después de que Bruselas haya retrasado dos años el cumplimiento del objetivo de déficit del 3% a cambio de un calendario de reformas.

La Comisión y el Gobierno coinciden en que la reducción del déficit no debe ser tan agresiva como para matar el crecimiento. También en la necesidad de las reformas que impulsen el crecimiento, que supondrán cambios --ni fáciles ni populares-- en la realidad española. Pero el Gobierno desearía hacer las reformas al ritmo más cómodo posible, mientras que la Comisión exige rapidez y un calendario preciso.

Quiere revisar la reforma laboral y más medidas liberalizadoras porque cree que un país con una tasa de paro superior al 25% y con la juvenil por encima del 50% es inviable. Pero ello generará oposición sindical e incomprensión en la opinión pública porque la reciente reforma laboral no ha dado los frutos esperados.

La segunda reforma es la de las pensiones. Zapatero afrontó la problemática generada por el alargamiento de la vida, ya que el número de beneficiarios --que mantienen los activos-- se dispara. Ahora estamos ante el desplome del número de cotizantes (tres millones desde el 2007). Y este recorte de pensiones tampoco hará ganar popularidad a un Gobierno que gritó contra el más suave y dilatado de Zapatero. Por eso al Ejecutivo le incomoda --al igual que sobre el mercado de trabajo-- que le fuercen la mano.

Queda el asunto fiscal. Rajoy prometió que bajaría los impuestos e insiste en que lo hará. Pero los ha subido. Ahora Bruselas quiere una reforma fiscal profunda que estimule el crecimiento --más IVA y menos cotizaciones sociales-- y el Gobierno remolonea. La clave será la evolución del déficit. Rajoy repite que no quiere subir impuestos, pero la prioridad es el déficit prometido.

Las reformas pactadas --en parte impuestas-- no son fáciles de implementar. Rajoy debe tomar conciencia de que enredar y confundir (a lo que algún ministro es aficionado) no vale. Y Bruselas debe admitir que las reformas cuestan de imponer a un país que no las comprende. Y en esta asignatura --explicar la realidad económica-- el Gobierno lleva aún más retraso que en el déficit presupuestario o las reformas.