Las trágicas consecuencias del vendaval que ha azotado la cornisa cantábrica y Cataluña han abierto el debate sobre si las autoridades --particularmente, las catalanas, puesto que fue en esa comunidad donde se produjeron los sucesos más terribles-- estuvieron a la altura ante la emergencia. Las opiniones más vivas apuntaron contra el consejero de Interior catalán, Joan Saura, de quien dependen los servicios de protección civil. Algunas de esas críticas parecen excesivas por más que lleguen en un momento de conmoción por la muerte de cuatro niños en Sant Boi. La Generalitat avisó razonablemente de la fuerza del temporal que se avecinaba. No hay más que echar un vistazo a los diarios o los noticiarios del viernes y el sábado.
No obstante, es inexcusable que las autoridades hagan un balance crítico de cómo han funcionado los servicios de protección civil. Pero, además, cabría reflexionar sobre si la sociedad está dispuesta a restringir sus hábitos cuando se producen alarmas por fenómenos naturales. Es una decisión colectiva saber hasta qué punto relegamos al Estado las decisiones sobre nuestra seguridad en momentos excepcionales.
