La reforma territorial

WLw a propuesta de supresión de las diputaciones, luego reducida a una "profunda revisión" de su papel, formulada por el nuevo hombre fuerte del PSOE y candidato a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha reavivado un debate que no es nuevo en la política española. Sin embargo, sí lo son las posiciones de los partidos: el PP, que en los últimos años ha hecho bandera del adelgazamiento de la Administración, ha rechazado la idea de Rubalcaba, cuyo partido, a su vez, no había cuestionado hasta la fecha las diputaciones. El tacticismo y el cortoplacismo, sin embargo, no deberían viciar el debate sobre la reforma de la organización territorial de España, que la grave situación de las finanzas públicas convierte en impostergable. Después de casi 30 años de desarrollo de las autonomías, delimitar con precisión las competencias de cada uno de los niveles de la Administración y, sobre todo, eliminar las duplicidades entre ellas es imprescindible. Pero eso no debe conducir necesariamente a suprimir las diputaciones, que pueden ser tanto o más eficaces que un gobierno autonómico y que prestan servicios básicos a unos 15 millones de españoles que viven en municipios pequeños y de limitado presupuesto. Lo que sí es exigible --a las diputaciones y a las demás administraciones-- es el máximo rigor en el gasto, a lo que no contribuye la existencia de una pléyade de asesores y cargos de confianza, muchas veces excargos públicos.