ROMPIENDO LA BARAJA

La ruptura por Francia y Alemania del pacto de estabilidad, compromiso encaminado a evitar los déficits de los presupuestos de los estados de la UE y a asegurar una obligada disciplina económica, no es la mejor de las noticias y al comisario Solbes le asiste toda la razón del mundo al resaltar que si los países poderosos como Francia y Alemania cumplen o incumplen las reglas de la UE en función de sus particulares intereses, la viabilidad de la UE se torna un tanto problemática. Interpretar esta cuestión en clave de la lucha partidaria interna no es el mejor de los caminos. Criticar a Aznar por su empeño en cerrar un presupuesto con déficit cero e incluso anunciarnos superávit, es una cuestión francamente justificada y romper la disciplina presupuestaria de la Unión, imponiéndose sin más, es otra cuestión muy distinta. El jalearlo, máxime desde algunos círculos que se dicen progresistas, resulta como mínimo chocante. Pedir más integración europea y a la vez alabar la ruptura de la disciplina presupuestaria en función de unas convergencias formales, que no esenciales, puede acabar siendo un tremendo disparate. Querer una cosa y lo contrario resulta imposible.

La ruptura de las reglas de juego por parte de Francia y Alemania obviamente no es caprichosa, y tienen su explicación en la coyuntura por la que atraviesan sus economías, pero una explicación no es una justificación. Tanto Francia como Alemania deberían prever, a la hora de fijar las condiciones de convergencia económica y la política presupuestaria de la UE, las dificultades de las normas establecidas, los marcos de flexibilidad y las condiciones de excepcionalidad. Nada de esto se hizo y el resultado es la crisis actual, que más allá del acto concreto que la motiva, está la situación del hecho consumado. Cierto que arrastraron a otros países del Ecofin (reunión de responsables de economía de la UE) para conseguir mayoría en este consejo, pero no es menos cierto que el Ecofin no puede, ni debe, ir en contra de la normativa establecida en los consejos de jefes de Estado. Solbes y la comisión lo tienen muy difícil; seguir por la vía judicial, que sería normativamente el paso siguiente, no parece el mejor de los caminos; no darse por enterado sienta un pésimo precedente. Se impone pues una respuesta política que tan sólo puede venir de la conferencia de jefes de Estado. Y las dudas de que ésta pueda darla son, sin embargo, muy grandes. Paradójicamente nos encontramos con la necesidad de responder y la dificultad para hacerlo.

Lo ocurrido debe ser toda una reflexión sobre el peso de los estados o regiones poblados y poderosos en cualquier federación, confederación, estado federal simétrico o asimétrico al que se pertenezca o se intente formar, sobre la necesidad de que existan, sin complejo de jacobinismo alguno, poderes centrales lo suficientemente fuertes para resolver los conflictos que puedan surgir. Asegurar que los territorios más poblados y desarrollados económicamente no van a imponer unas reglas de juego que a la larga consagran las diferencias existentes e impiden la justa e innecesaria cohesión territorial. Hay veces que los aspectos nominalistas en política encubren los esenciales. Muchos servicios demandados por la población, sea educación, sea salud, o elementos básicos de desarrollo como la investigación, se denominan igual, o prácticamente igual en los distintos territorios, pero las calidades son muy diferentes. La ordenación económica y la exigencia de su disciplina es esencial, tanto por la cohesión territorial como para la justa equiparación de los ciudadanos.