WEwl auto de procesamiento de 29 presuntos implicados en los atentados del 11-M en Madrid dictado por el juez Juan del Olmo confirma el grueso de las informaciones conocidas y deja sin fundamento las sospechas de vinculación de ETA con los ataques. Dos años de instrucción han servido para no procesar a 87 de los 116 imputados, establecer que la peor matanza terrorista en Europa desde la segunda guerra mundial fue decidida y preparada en España por un grupo islamista, y que la trama asturiana facilitó los explosivos. Aun así, el PP insiste en su obsesión con la pista etarra y acusa a la policía y a los jueces de cerrar la investigación en falso. Pueden los populares suponer que dos años son insuficientes para ahondar en un asunto tan complejo, aunque seguro que han sido una eternidad para las casi 90 personas que ahora quedan provisionalmente sin cargos tras haber sido objeto de una indagación exhaustiva. Pero no es de recibo someter el trabajo de Del Olmo a un proceso de intenciones, como si lo hubiese supeditado a los intereses del Gobierno. Sólo el juicio permitirá comprobar la solvencia de las pruebas y resolver los cabos sueltos de la instrucción, pero el PP debería respetar a la justicia.
