Los precios de los pisos en España siguen subiendo, pero lo hacen de una manera mucho más moderada que en los últimos años: esa es la principal conclusión que se obtiene de la comparecencia ayer de la ministra del ramo, María Antonia Trujillo.

Y eso es una buena noticia, porque de seguir la escalada al ritmo de los últimos años estaríamos ante un riesgo de estallido de la llamada burbuja inmobiliaria y seguiríamos en la espiral que cada vez hace más difícil el acceso a la vivienda en propiedad a las capas medias y bajas de la sociedad. Estamos, no obstante, muy lejos aún de que los precios crezcan a un ritmo acompasado con el IPC, que es el que marca las subidas medias de salarios y pensiones. De hecho, en los últimos 12 meses la vivienda aún se encareció en España una media del 7,2%. Pero es el nivel más bajo desde 1999, año en que empezó a producirse la vertiginosa subida de precios, que llegó a su punto culminante en el 2004, cuando el encarecimiento se situó en el 18%.

En este aspecto Extremadura está en mejor posición que el resto de las autonomías: tiene la vivienda de más bajo precio del país, en consonancia por otro lado, con sus salarios; la vivienda baja aquí un poco más que la media nacional y, si el foco lo ponemos en la vivienda usada, el precio en el último trimestre ha bajado un 0,2%. Una tendencia que ya habían apuntado algunos observadores privados.

La desaceleración es notable, pero todavía insuficiente. Lo deseable para el conjunto de la economía es que los precios vayan acomodándose poco a poco --una caída brusca supondría una pérdida real de patrimonio de muchísimas familias que todavía están endeudadas con hipotecas, y con ello una catástrofe social-- hasta tener una relación más real que la actual con el poder adquisitivo de los ciudadanos. Unas subidas de precios razonables servirían también para que los especuladores tuvieran menos papel que hasta ahora en el mercado de los pisos y locales.

Los precios de la vivienda siguen siendo inalcanzables para amplias capas sociales, por lo que es deseable que el ministerio, las autonomías y los ayuntamientos favorezcan la vivienda protegida y hagan políticas que sirvan para bajar el precio del suelo; en este sentido, los Proyectos de Interés Regional (PIR) y los pisos de 60.000 euros que está promoviendo la Junta están convirtiéndose en un factor de enfriamiento de los precios que favorece a muchas familias en la región de rentas modestas.

La creciente moderación de precios en la vivienda apunta, por otra parte, a que España está corrigiendo su modelo de crecimiento, excesivamente dependiente del ladrillo. Si queremos estar preparados ante los nuevos retos de la mundialización, la construcción debe tener menos peso en el conjunto de la economía. El problema es que si la construcción se deprime, el paro subirá. Hay que potenciar que otros sectores tomen el relevo mientras los precios de los pisos bajan de la estratosfera.