Son finalmente seis las familias que han dado el paso de llevar al juzgado lo ocurrido con los familiare y que fallecieron durante la primera ola de la pandemia. Su abogado, Marco Antonio Tobías, del despacho Pita & Broncano de Cáceres, presentó ayer miércoles por vía telemática una querella en su nombre contra el que fuera director de la residencia por presuntos «delitos de homicidio por imprudencia».
Sin embargo, se trata de una querella abierta porque, como señala el texto, se presenta también «contra cuantas personas pudiesen resultar implicadas por los hechos que ahora se denuncian» y también «por aquellos otros delitos que se acreditasen en el curso de las diligencias cuya incoación se propone».
La querella se ha presentado en los juzgados de Instrucción para que se abran diligencias de investigación penal y poder así recabar información, ya que «los familiares no tienen los certificados de defunción, ni informes de seguimiento médico», según ha señalado el abogado. Pero también quieren conocer a través de testimonios «en qué condiciones estaban confinados, qué medios tenían, qué personas les atendieron...»
Félix Pérez, portavoz de los familiares que han decidido acudir al juzgado, ha querido subrayar que lo que piden es «un acto de justicia, que respondan por lo ocurrido» y aclara que no se trata de un afán «de venganza, que es lógico y humano sentirla, ni económico. Lo que queremos es que no vuelva a suceder y que la sociedad y los políticos tomen conciencia» y mejore la atención a las personas dependientes en los centros.
También han querido agradecer la «disponibilidad» que ha tenido su abogado: «Es justo decirlo porque no ha cobrado nada».
Se trata del mismo despacho que en el mes de julio presentó otra querella en Cáceres en nombre de familiares de residentes del centro El Cuartillo.
En el caso del centro Los Pinos, inició el confinamiento con 96 residentes y fallecieron 19, 16 de covid, según los datos de la Consejería de Sanidad.
