Los vecinos de la sierra de Santa Bárbara han decidido agotar todas las vías a su alcance para conseguir la regularización de sus viviendas. Tras la decisión de la junta de gobierno municipal de «inadmitir la modificación puntual del Plan General Municipal» propuesta por el colectivo con este fin, han decidido constituir una asociación «de afectados por la no regularización de la sierra» con la que poder personarse en futuras causas administrativas e incluso judiciales.

Lo anunció ayer el arquitecto que les ha asesorado y trabajado en todo el proceso, Juan Antonio Álvarez, quien compareció para dar a conocer las decisiones tomadas en una reunión con los vecinos celebrada el lunes. Algunos de ellos quisieron acompañarle en la comparecencia.

Álvarez explicó que ya han recurrido el acuerdo de la junta de gobierno municipal y que el siguiente paso será presentar en el ayuntamiento su propuesta de modificación del PGM, pero incorporando las recomendaciones que recogió el informe ambiental positivo emitido por la Junta de Extremadura «para la aprobación provisional, porque entendemos que el ayuntamiento ha hecho una aprobación inicial de facto, aunque no la haya pasado por el pleno, al enviarla a la Junta y solicitar el informe medioambiental».

Pero mientras tanto, señaló que, si la junta de gobierno deniega el recurso, llevarán a cabo «las acciones pertinentes, tanto administrativas, en el contencioso, como en el ámbito judicial, para reclamar la responsabilidad penal que corresponda».

polémico informe / A pesar de que la junta de gobierno acordó literalmente «inadmitir la modificación» propuesta por los vecinos por no ajustarse al informe medioambiental de la Junta, los residentes entienden que «no es una denegación, sino la inadmisión a trámite» de la propuesta. Por eso, su recurso señala que no procede la inadmisión porque de hecho el ayuntamiento la ha tramitado al remitirla a la Junta para el preceptivo informe ambiental. «Desde mayo del 2017 no se nos ha negado en sí la modificación, así que ahora no procede».

Sobre el incumplimiento del informe de la Junta, Álvarez subrayó que «evidentemente, en cualquier trámite, cuando viene un informe con correcciones, se incorporan y se vuelve a tramitar, que es lo que vamos a hacer para que se tramite la modificación provisional».

La inadmisión municipal se basa en dos informes técnicos, sobre todo en uno de un arquitecto municipal que criticó en varias ocasiones ayer Álvarez porque introduce «opiniones, lo que excede el criterio jurídico».

Entre estas, señaló la opinión de que se trata de un proceso especulativo y urbanizador encubierto, lo que negó. «Nada más lejos. El arquitecto no conoce a las personas de la sierra, que solo quieren regularizar sus viviendas, que en su mayoría no se pueden demoler porque así lo están sentenciando los tribunales. Los vecinos quieren pagar sus impuestos y tasas obteniendo a cambio la regularización. Se está dejando de ingresar dinero en las arcas municipales», añadió.