La sección I de la Audiencia Provincial de Badajoz ha archivado definitivamente la causa por supuesto delito electoral contra el alcalde de Calzadilla de los Barros, Antonio Galván, fechado en 2011. Según el auto judicial publicado en el pasado mes de febrero, el cual ha trascendido ahora, la audiencia no encuentra pruebas del empadronamiento ilegal del que era acusado Antonio Galván y varios de sus concejales del PP. Según la denuncia interpuesta por el PSOE y ahora archivada judicialmente, el regidor popular habría empadronado ilegalmente a 63 vecinos en el municipio con el objeto de modificar el resultado electoral de las elecciones en beneficio propio obteniendo 4 concejales frente a los 3 conseguidos por el PSOE y haciéndose así con la Alcaldía.

La Audiencia Provincial señala en su auto que “a través de las numerosas diligencias de instrucción practicadas no consta, en primer lugar, que los empadronamientos supuestamente irregulares hayan sido forzados o sean fruto de la coacción, sino que fueron enteramente voluntarios a la vista de las declaraciones que constan en autos, y, en segundo lugar, respecto de las supuestas irregularidades en dichos empadronamientos, la resolución de la delegación provincial de la oficina del censo electoral de Badajoz de fecha 13 de abril de 2011 se pronunció en el sentido de que no existían tales”.

Así mismo, la sala señala que “tampoco consta que tales empadronamientos, aun cuando fueran irregulares, fueron decisivos o determinantes del resultado electoral pues, como es lógico, no se sabe el sentido del voto de cada uno de los electores”. Para el tribunal, existen, en consecuencia, “tantas dudas como escasos indicios al respecto”. Todo lo más, una sospecha, “insuficiente para tramitar un proceso penal”. Y, desde luego, “no existe dato alguno sobre un posible delito de prevaricación administrativa en relación a tales empadronamientos”.

Para abordar este asunto hay que remontarse a 2011 por la denuncia presentada por el PSOE por un presunto empadronamiento irregular realizado por el alcalde de Calzadilla de los Barros, varios de sus concejales y funcionarios municipales de la localidad. El 13 de abril de 2011 la Oficina del Censo Electoral desestimó la impugnación al censo presentada por el PSOE y mantener las inscripciones realizadas. Dicha entidad señalaba en su resolución que “no se tiene fundamento suficiente para efectuar de oficio rectificación alguna en el censo electoral de la circunscripción”. Así y todo, el PSOE acudió a la vía penal presentado una denuncia en el juzgado de 1ª instancia e instrucción de Zafra. La misma fue sobreseída provisionalmente el 7 de junio de 2012. Sin embargo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir la investigación para determinar con exactitud si el delito imputado había ocurrido, habiendo imputado a seis concejales y ex concejales populares de la localidad, así como el jefe de la Policía Local y el exsecretario del ayuntamiento. El propio Antonio Galván fue llamado a declarar como imputado.

El octubre del 2018 el juzgado de Zafra decidió definitivamente sobreseer el caso al no encontrar indicios suficientes de imputación. La mayor parte de los empadronamientos, 40 de 63 se realizaron mucho antes de las elecciones y en el resto se tomó declaración señalando éstos que no habían recibido trato de favor alguno por votar a favor de un partido político concreto. En esos casos, además, se comprobaron facturas de luz y agua para constatar que realmente residían en esos domicilios.

Sin embargo, esta sentencia fue nuevamente recurrida por los demandantes y es ahora la Audiencia Provincial la que conforma el archivo. “En el caso presente, como se ha visto, agotada la instrucción y no existiendo indicios racionales de delito no procede sino ratificar el archivo de la causa. El recurso se rechaza”.