La Guardia Civil no intervendrá en el asentamiento de los 1.000 rumanos de Santa Marta de los Barros hasta que el propietario de los terrenos no presente una denuncia y el juez obligue al desalojo. Así lo indica la Delegación del Gobierno en Extremadura y recoge la agencia Europa Press. Pero antes, una mediadora social intentará explicar a esta población cuál es su situación y les invitará a marcharse voluntariamente. La Delegación del Gobierno confirma que la situación del campamento fue estudiada el martes en una reunión en la que participaron el ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y los propietarios de los terrenos, en la que se acordó que el desmantelamiento del campamento se hará de forma "gradual". El siguiente paso, por tanto, sólo se producirá si los acampados deciden continuar en los terrenos sobre los que ahora se asientan. De esta forma, será el propietario de la finca quien deberá presentar una denuncia en los juzgados, un extremo que según las mismas fuentes aún no se ha producido. A partir de este momento, se abriría un plazo de 72 horas antes de que el juez dictamine una orden de desalojo. En este momento, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado se verían obligados a intervenir en el campamento, no para expulsar por la fuerza a los rumanos acampados, que sería "el último recurso", sino para certificar que la orden judicial se aplica "con normalidad".
