El alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, ha anunciado que pedirá una investigación para aclarar si el concejal de la agrupación de electores Ciudadanos de Villafranca, Angel García Calle, ha cometido una negligencia al litigar contra el consistorio a pesar de su condición de edil como consecuencia de una presunta irregularidad urbanística.

El anuncio lo hizo tras volver a pedirle al concejal (en la anterior corporación estuvo con IU), su dimisión tras hacerse pública una sentencia de un juzgado de Mérida que falla en su contra en relación con unas obras realizadas en un terreno de su propiedad sin licencia municipal.

Además, el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Moriano, ha solicitado que se repruebe la conducta García Calle, puesto que "ha quedado demostrado, a tenor de la sentencia de la Sala número 1 de lo Contencioso Administrativo de Mérida, que ha cometido una serie de infracciones por la obra clandestina hecha en terrenos de su propiedad sin licencia, y que ha modificado el uso de la edificación pasando de tener un uso agrícola a ser susceptible de uso residencial".

Asimismo, le ha pedido que pida disculpas públicamente al grupo socialista y a los funcionarios y técnicos del servicio de obras y urbanismo, puesto que "en su día habló de represalias y persecución política manchando la reputación y buen hacer de todos ellos". Y, antes de pedir su dimisión, le instó a restablecer la legalidad urbanística en la finca origen del conflicto.

GARCIA CALLE SE DEFIENDE Por su parte, el afectado ha presentado un recurso en el juzgado para que aclare la sentencia, por lo que considera aún abierto judicialmente el expediente. También hizo alusión a "la multitud de obras que, en situaciones similares, se sancionan con el 15% como multa, mientras que ésta tiene un 50%, y muchas ni siquiera han sido cobradas".

Finalmente, García Calle entiende que el magistrado de Mérida reprende al consistorio porque, según explica, "el ayuntamiento debió aplicar la Ley del Suelo del 2001 en esa fecha y, sin embargo, no se ha aplicado hasta que se hizo el reglamento en 2005, así que en cuatro años sin aplicar la ley se ha incumplido una norma de ámbito autonómico, dando lugar a que la ley se aplique de manera distinta para cada persona", asegura.