La Cámara de Comercio de Perú en España ha interpuesto un recurso contencioso - administrativo contra el Ayuntamiento de Trujillo «por inactividad ante la reclamación económica de dos facturas por importe principal total de 30.250 euros IVA incluido», según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado martes.
Dichas facturas corresponden a 2017 y 2018 y están vinculadas al proyecto ‘Gastro Tour Perú’, una iniciativa que tenía como objetivo la difusión y promoción de la gastronomía peruana a través de varias actividades y que se presentó en el Palacio Barrantes Cervantes en noviembre de 2017, con la presencia del embajador de Perú, José Antonio García Belaunde y el entonces alcalde popular Alberto Casero.
El acuerdo en cuestión recogía que Trujillo estaría presente en 120.000 mapas con destinos turísticos peruanos que se repartirían en hoteles de cuatro y cinco estrellas de Madrid y Barcelona, además de formar parte de una aplicación de realidad virtual aumentada. Todo esto sumado a la promoción en varios elementos entre los que destaca un roll-up.
De cualquier modo, el convenio que recogía las premisas mencionadas no pasó en ningún momento por el pleno municipal, por lo que, a la hora de dar respuesta al pago de las facturas reclamadas, no contó con el beneplácito del interventor.
De hecho, fuentes municipales confirman que se han tenido conversaciones con la Cámara de Comercio peruana en varias ocasiones y en todas ellas, han expuesto a sus responsables el motivo por el que no se podían liquidar las facturas solicitadas.
Así, alegan que el hecho de resolver la cuestión con el pago significaría incurrir en una ilegalidad, dado que todo convenio de colaboración debe pasar por la sesión plenaria y obtener la aprobación mayoritaria, con la que entonces contaba el Partido Popular en el consistorio trujillano.
Llegados a este punto y dadas las circunstancias, habrá que esperar a que un juez determine la manera en la se pone fin a la relación entre el Ayuntamiento de Trujillo y la Cámara de Comercio de Perú en España.
En cualquier caso, en el documento publicado en el BOP se emplaza a los interesados haciéndoles saber que pueden comparecer y personarse en el procedimiento judicial referido, hasta el 5 de noviembre, señalando que «de personarse fuera del plazo indicado, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos».
En el supuesto de no personarse, «continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarlas, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna».
