La Casa de la Misericordia de Alcuéscar ordenó ayer el despido de la directora y una monitora de la casa de oficios que desempeñaban su labor desde el 13 de noviembre de 2007 con un contrato anual.
Los dos trabajadores argumentaron que, pese a que la carta de despido no será efectiva hasta hoy, ayer fueron "desalojados" de sus puestos de trabajo con el pretexto de que han incumplido el contrato. Los empleados llamaron a la Guardia Civil, que optó por no desplazarse al centro por considerar que se trataba de un asunto laboral que no es de su competencia.
La monitora despedida, María Abril, denunció que "había malestar y falta de comunicación" y acusó al Padre Javier Rodero, responsable del proyecto, de protagonizar "un comportamiento indigno" con los trabajadores.
La casa de oficios realiza un módulo de artes gráficas que continúa siendo impartido por el único trabajador que no ha sido despedido. Este proyecto cuenta con una subvención de la Dirección General de Empleo de la Junta de Extremadura, cuyos responsables se desplazaron al centro para conocer los hechos.
María Abril denunció que el despido se hizo de forma unilateral por el centro y sin el consentimiento de la Junta de Extremadura, a pesar de que la elección de personal fue valorada por un grupo mixto de trabajo formado por los promotores, y responsables de la Dirección General de Empleo.
"Es un despido improcedente y un abuso de poder", opinó la monitora, quien explicó que el interés del centro no era disponer de una casa de oficios, sino poner en marcha una imprenta para evitar la contratación de trabajos en otros talleres. No obstante el proyecto no contemplaba la puesta en marcha de la imprenta hasta el verano.
El Padre Javier Rodero indicó que a los empleados "se les ha despedido porque no cumplían con su horario al no alcanzar el cómputo general de 40 horas semanales". En este sentido explicó que "la monitora de la imprenta no está capacitada para desempeñar su labor" y con respecto a la directora aseveró que no ha cumplido con su contrato. También aclaró que este incidente no empañará la labor social del centro, que cada año acoge a unos 3.000 peregrinos, a jóvenes sin acceso a otros lugares de formación y a personas en riesgo de exclusión social.
