Cuatro familias de la localidad de Palomero han denunciado públicamente lo que valoran como un trato discriminatorio de la alcaldesa de la localidad, María Antonia Puertas, al considerar que se les ha suprimido el servicio de ayuda a domicilio que venían disfrutando por una "venganza personal" contra sus mayores. Las familias de los ancianos Argimiro Jiménez --85 años--, Emerenciano Alonso --88 años--, María Cristina Puertas --68 años-- y Primitivo González --72 años-- han remitido un escrito a la consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, para informarle de la situación y solicitar una investigación sobre lo que califican "un abuso de poder que atenta contra los derechos sociales de las personas ancianas". Además las familias solicitan "el restablecimiento del servicio de ayuda a domicilio".
POSTURA MUNICIPAL Por su parte María Antonia Puertas ha negado estas acusaciones y manifestó ayer a EL PERIODICO que sería "ilógico que hiciera algo así porque si un vecino no paga los impuestos, existen otros medios para que los ciudadanos cumplan la ley". También explicó que el servicio de ayuda a domicilio no es permanente y que no puede ser un servicio a la carta. "Palomero es una localidad muy envejecida, con más de la mitad de sus vecinos mayores de 65 años, y en ocasiones hay que suprimir el servicio para dárselo a otro mayor que lo necesite si se ha roto la cadera o una pierna".
Los familiares relataron a este diario que el ayuntamiento comunicó el 9 de noviembre a estas cuatro familias que se eliminaba este servicio "por motivos de reestructuración de personal", porque había dos empleadas de baja laboral. En el escrito remitido a Bienestar Social incluyen un documento anexo en el que se explica la situación concreta de cada uno de los ancianos. Así, Argimiro Jiménez está viudo y tiene una incapacidad de las extremidades inferiores; Emerenciano Alonso, con 88 años, está inmovilizado en cama con atención continua y su mujer de 85 años está en delicado estado de salud; María Cristina Puertas tiene una incapacidad de las extremidades inferiores, y Primitivo González, de 72 años, está viudo y con un hijo con minusvalía psíquica a su cargo.
Estas cuatro familias denuncian que la "injusticia social" se ha debido al impago de unas tasas municipales que se han cargado a más de 50 vecinos del municipio por las obras de conservación de los caminos públicos. El consistorio cargó las cuotas y los propietarios devolvieron los recibos. Además han interpuesto un recurso de reposición por la vía administrativa contra el acto de liquidación y requerimiento de pago.
