El Gobierno ha concedido ocho indultos desde 2013 en relación a condenas dictadas por juzgados y tribunales extremeños, y actualmente estudia el referido al exalcalde de Carcaboso Alberto Cañedo, condenado a 17 años de inhabilitación y a pagar más de 120.000 euros de sanción por delitos de prevaricación urbanística y administrativa.

En concreto, entre el 1 de enero de 2013 y el 21 de mayo de 2018 se han tramitado y resuelto 798 expedientes referidos a condenas impuestas por juzgados o tribunales extremeños, con la concesión de ocho indultos, según refleja una respuesta del Gobierno a una pregunta del senador Carles Mulet, del Grupo Parlamentario Mixto.

Senador por Compromís, Mulet preguntó por la petición de indulto al exalcalde de Carcaboso, impulsada por diversos colectivos y plataformas, así como por el número de indultos concedidos en relación a condenas dictadas por tribunales extremeños.

Según responde el Gobierno, existen en curso dos solicitudes de indulto para Cañedo, una de las cuales ya tiene el expediente completo, por lo que será ahora el Ejecutivo central el que valorará las precedentes informaciones y el resto de las incorporadas al expediente.

Además, añade que desconoce "cuándo se efectuará y cuál será el sentido de esta decisión".

Sobre esta primera solicitud el Gobierno explica que recibió una información desfavorable sobre la misma tanto por el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Plasencia, tribunal sentenciador, como por el Ministerio Fiscal.

El segundo de los expedientes de indulto se ha remitido al Tribunal sentenciador a fin de que recabe los oportunos informes, añade el Gobierno en su respuesta.

Mulet, en su pregunta, sostiene que Alberto Cañedo "ha demostrado absolutamente su inocencia y ser víctima de un sistema al servicio de los grandes partidos, en el que no existe la necesaria independencia entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial".

"Pese a las tres sentencias condenatorias queda probado que Cañedo ha sido víctima de una estrategia política encaminada a satisfacer los egos personales de un grupo de caciques locales", añade el senador de Compromís.

Ante tales afirmaciones, el Gobierno sugiere a Mulet que, "de estar convencido de su realidad, no cabría sino presentar la correspondiente denuncia ante las autoridades o, en su caso, formular querella ante el órgano jurisdiccional competente a fin de depurar tan graves responsabilidades".