Los inmigrantes magrebís llevarán sus quejas al Defensor del Pueblo para que se flexibilicen los trámites sobre el empadronamiento y se solucione el problema de las devoluciones de las prestaciones sociales.
En una asamblea covoncada ayer por la asociación magrebí Annour en la mezquita de Talayuela, los inmigrantes acordaron solicitar al ayuntamiento que cumpla la Ley en el trámite de empadronamiento de ciudadanos no comunitarios, a quienes se les está exigiendo el contrato de arrendamiento de sus viviendas. El portavoz de Annour, Abdellah Errguig, explicó que los únicos inmigrantes que tienen que acudir a renovar el padrón son los no comunitarios que se empadronaron antes del 21 de diciembre de 2003 y que no disponen de autorización de residencia permanente.
El presidente de Annour, Jamal Haddad, agradeció al alcalde de Talayuela, Raúl Miranda, "su entendimiento, colaboración y ganas de trabajar con los inmigrantes". Sin embargo, este colectivo considera que está presionado por Iniciativa Talayuela, favorable a ejercer un control de la inmigración.
Ante unas 40 personas, representantes de Annour, Cepaim, y los sindicatos CNT y UGT, no descartaron la posibilidad de convocar movilizaciones para presionar a las distintas Administraciones que, bajo su punto de vista, están dificultando el modo de vida de los inmigrantes. En este sentido destacaron la presión que viene ejerciendo al colectivo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Inem, solicitando la devolución de prestaciones cobradas indebidamente. A Ameur Chinafi, de 60 años de edad y sin recursos económicos, le reclaman 14.769 euros por el cobro de prestaciones sociales durante cuatro años. Tampoco se escapó de las críticas la Subdelegación del Gobierno de Cáceres, que ha renovado el permiso de residencia a todos los miembros de una familia numerosa de origen magrebí excepto al menor de ellos, el sexto, por considerar que "ya son muchos en casa".
