"El Estado de Colombia es el primer violador de los derechos humanos". Estas son las duras palabras de José Goyes, líder indígena colombiano, que se vio obligado a abandonar su país tras sufrir un atentado cuando era gobernador del Cabildo Indígena de Honduras. La comunidad indígena, alerta, está siendo "amenazada por grupos paramilitares que obedecen a intereses económicos de empresas trasnacionales, bajo el auspicio del Gobierno de Colombia". La historia de Goyes no dista mucho de la de otros refugiados que han encontrado amparo en Amnistía Internacional. La organización celebra su L Aniversario y, entre otras acciones, llevó a cabo ayer una recogida de firmas en la Plaza de España de Mérida para reclamar el cese de la contaminación del delta del Níger por parte de la petrolera Shell que, sostienen, está quitando a los campesinos su medio de vida y sumiendo en la miseria a la zona. Pero las acciones de la oenegé también se ciñen al ámbito autonómico y, en este sentido, plantearán a las nuevas corporaciones locales y al Gobierno regional, que se constituyan tras las elecciones del 22 de mayo, una agenda de derechos humanos para avanzar en el respeto a los derechos sociales, económicos y culturales. Así lo comunicaron en rueda de prensa sus responsables en la provincia de Cáceres y Badajoz, Alejandro Corchado y Angela Ribera, respectivamente, que estuvieron acompañados por el líder indígena del Valle del Cauca (Colombia). Asimismo, la organización realiza actuaciones concretas en el ámbito educativo como el seguimiento de la asignatura Educación para la Ciudadanía y colabora con estudiantes de la Facultad de Derecho a la hora de plantear casos simulados de violaciones de Derechos Humanos y su defensa activa.
Precisamente, uno de sus anhelos es conseguir que el Plan Bolonia incorpore al curriculum universitario una materia obligatoria de derechos humanos. La extrapolación a la comunidad de la Ley de Memoria Histórica y el seguimiento de los menores tutelados son otras de las actuaciones desarrolladas por AI Extremadura. Acciones y propuestas que persiguen un único fin: alcanzar una sociedad más justa, para lo que es preciso aunar fuerzas y voluntades porque tal y como reza el lema de los 50 años de Amnistía: ´El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo´.
Por delante ambiciosos retos como abolir la pena de muerte, la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres o garantizar la justicia internacional. A propósito de esto, explica la responsable en Badajoz, AI aborda la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales para que las violaciones de este tipo de derechos se puedan llevar también a los tribunales, por ejemplo cuando una persona pasa hambre o se queda sin casa.
