El Parlamento de Catalunya prohibió ayer un espectáculo de hondas raíces históricas consistente en la lidia de un toro, durante la cual se hiere a la res con diversos punzones, y que acaba con la muerte del animal cuando se le clava una espada. La noticia se podría explicar así, pero de esta manera nadie entendería nada de lo que sucedió después de la votación, desde el mismo momento en que la Cámara catalana aprobó la prohibición de las corridas de toros a partir del 1 de enero del 2012 por 68 votos a favor, 55 en contra y nueve abstenciones. Lo que ya hizo Canarias hace 20 años sin que nadie dijera nada se convirtió ayer en un "drama", por utilizar la terminología de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y en "reflejo de una profunda crisis nacional", en boca del eurodiputado conservador Jaime Mayor Oreja.

Lo que en Cataluña se vivió mayoritariamente como un paso que dignifica a la sociedad y la acerca a los estándares europeos (y canarios) en materia de defensa de los animales, fue interiorizado por una parte significativa del resto de España como una afrenta, un ataque sin precedentes a la identidad española y a las libertades, un Waterloo peor que el Estatut. Al calor de las corridas de toros, el PP se subió al carro de un nacionalismo español sin complejos para el cual es hora de dar marcha atrás en el sistema autonómico. "¿Adónde vamos a llegar?", se preguntó Mariano Rajoy. La excusa fueron los toros, pero los frentes que se abrieron van más allá. España, o una determinada concepción de ella, crujió por su flanco más débil: Cataluña.

LIBERTAD Y RESPETO El president, José Montilla, ya intuía que algo semejante podía ocurrir, y por eso se apresuró a comparecer, para dejar claro que él había votado contra la prohibición, porque cree "en la libertad", y a la vez para pedir "responsabilidad" y "respeto" a la decisión del Parlament. Pero la estrategia del Partido Popular estaba decidida de antemano: había que poner a los socialistas contra las cuerdas, pero también lanzar un mensaje de fondo contrario a la autonomía catalana.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, que habló antes y después de la votación con Rajoy, anunció que su grupo llevará al Congreso de los Diputados y al Senado la consideración de las corridas como bien de interés cultural como mecanismo para ladear la prohibición catalana y obligar al PSOE a retratarse. Pero fue el mismo Rajoy quien fue más allá, al no considerar "normal que una comunidad autónoma prohíba la caza, la pesca o las carreras de motos, y otras no".

O sea, que el verdadero problema es la autonomía. Lo que ya se ponía negro sobre blanco en el recurso presentado por el PP contra la Carta catalana en el Tribunal Constitucional --la involución autonómica-- tomó ayer cuerpo y alma. El choque de trenes está servido.

¿Y cómo reaccionaron los socialistas del resto de España? Pues en su gran mayoría coincidieron con el argumento popular, y no ocultaron su incomodidad por un debate que, como todo lo que viene de Cataluña, no hace más que complicarles las cosas. El ministro de Fomento, José Blanco, fue de las palabras a los hechos, y anunció que irá a una corrida en Pontevedra el próximo día 8 como muestra de apoyo a la fiesta.

Nadie salió en defensa de la libertad de voto otorgada por el PSC a sus diputados, cosa que se tradujo en tres votos a favor de la prohibición (dos diputados de Ciutadans pel Canvi y el de Núria Carreras) y tres abstenciones (entre ellas, el conseller de Economía y Finanzas de la Generalitat, Antoni Castells, y el portavoz adjunto Joan Ferran). Los 31 restantes secundaron el voto de su jefe de filas, aunque más de uno reconocía en privado que lo había hecho más por disciplina que por convicción. "No sé cómo se lo explicaré a mi hija", se lamentaba uno de ellos. El psicodrama de los diputados socialistas catalanes se puede revivir ahora en Madrid, donde los populares camuflarán su ofensiva recentralizadora bajo el lema Toros, sí; toros, no.

Con todo no hay que perder de vista que la artífice de la prohibición es Convergència i Unió, que con sus 48 diputados tenía la llave de la votación. Pues bien, 32 diputados nacionalistas secundaron la propuesta, con su líder Artur Mas a la cabeza, mientras siete votaron en contra, seis se abstuvieron y tres no votaron. En general, el ambiente en las filas nacionalistas era de satisfacción, sobre todo al comprobar el mal trago que vivieron los socialistas.

En ERC e ICV no hubo ninguna sorpresa. Votaron a favor de la prohibición y negaron que hubiera motivos identitarios en su decisión, aunque el presidente de los republicanos, Joan Puigcercós, consignó en su blog que Cataluña era ahora "una sociedad diferenciada".

BRECHA MAS AMPLIA Una cosa sí es cierta: la brecha que separa a España y Cataluña se hizo ayer algo más grande. Aunque la realidad no sea tan dispar. Según una encuesta de Gallup, el 35% de los españoles están a favor del veto y a menos de un tercio les interesan los toros. Pero cuando los vetustos estados-nación ya no manejan las riendas de la economía, como ha demostrado la crisis, solo les quedan los sentimientos, las banderas y los símbolos. El PP demostró ayer que esa lección la conoce bien.