Confesaron. Con una naturalidad que congelaba hasta el aliento. Pero Manuel Brito, de 39 años, y Francisco Javier Picatoste, de 38, mientras relataban ayer ante los jueces su macabra y sanguinaria carrera delictiva, pusieron de relieve, quizá sin ser demasiado conscientes de ello, las múltiples grietas en el sistema penitenciario de la Generalitat que les permitieron llevar a cabo una fuga de consecuencias nefastas.

Lo primero que ambos detallaron fue el plan: Picatoste no regresaría de su permiso penitenciario e iría a buscar a su compinche Brito cuando fuera trasladado al hospital después de autolesionarse. El plan se hizo realidad el 14 de octubre del 2001. Reconocieron que, durante el mes que duró su fuga, hirieron de gravedad a un mosso que quedó parapléjico y asesinaron a un joven que estaba en el coche con su novia en Collserola. Lo único que no reconoció Brito es haber violado a la chica, que ahora tiene 26 años.

"Tenía un antecedente de quebrantamiento de condena", declaró Picatoste a preguntas de un abogado de la acusación para reconocer, acto seguido, que un juez había denegado hasta en cuatro ocasiones la última petición de salir. Finalmente, la solicitud fue atendida por la administración penitenciaria.

LAS DUDAS Un primer interrogante es por qué Picatoste obtuvo el permiso, una salida de 48 horas que debía servir para ver a su familia y renovar el DNI. La condición era que sus padres fueran a recogerlo y lo devolvieran al centro penitenciario. Pero quien fue a buscarlo a la prisión de Ponent, en Lleida, fue el hermano de Brito. Nadie se ocupó de controlarlo.

"Elegí el domingo porque hay menos controles sanitarios en la cárcel. Sólo están los de guardia y, si a alguien le pasa algo, es más probable que lo saquen al hospital", declaró Picatoste.

"Lo sabíamos y por eso elegimos el domingo", añadió.

Previamente, en su declaración, Brito había confirmado que la doctora de guardia ordenó su excarcelación al hospital sin hacerle prueba alguna, ni siquiera una radiografía. Es la segunda grieta en la gestión penitenciaria desvelada en el juicio. La normativa establece que no hay que llevar al hospital a un recluso si puede hacerse un diagnóstico y un tratamiento en la misma prisión.

La tercera pregunta que quedó ayer en el aire es cómo Brito, preso en segundo grado en la cárcel de Ponent (Lleida) por un robo con homicidio, pudo hacer 91 llamadas en 14 días, cuando, teóricamente, se debe apuntar en un parte la identidad y el número de teléfono de la persona con la que se intenta establecer contacto.