Los inmigrantes acaparan las ayudas sociales, colapsan la sanidad, quitan el trabajo a los españoles, están menos preparados o incluso, han saturado el Estado del bienestar porque al atenderlos se produce un efecto llamada. Son algunas de las ideas que, cada cierto tiempo y bajo el impulso de determinados partidos políticos, cobran fuerza para tratar de condicionar políticas públicas. Pero el último informe del Defensor del Pueblo desmonta el cúmulo de «juicios poco informados, cuando no obstinadamente xenófobos», apuntando que la población inmigrante es la tabla de salvación demográfica y económica de nuestro país, por lo que son necesarios cambios normativos para protegerles y mejorar sus condiciones de vida y trabajo.

15% DE EMPLEADOS / Los argumentos sobre el impacto positivo de la inmigración acaparan uno de los anexos del informe firmado por el actual Defensor, Francisco Fernández Marugán, que para desmontar prejuicios apela a su impacto económico. Con una población altamente envejecida y dependiente, y con una baja tasa de fecundidad, dice, los extranjeros se perfilan como la tabla de salvación del Estado de bienestar, ya que son el «innegable factor de reemplazo demográfico» que mantendrá las pensiones.

El informe es tajante en este sentido: los inmigrantes suponen ya el 15% de los trabajadores, y no solo sostienen el crecimiento demográfico, sino que «evitan el envejecimiento poblacional, aliviando los efectos sobre la economía» al compensar, por ejemplo, el «declive de la fuerza laboral nativa». O solventando la crisis de cuidados, ya que son las mujeres inmigrantes quienes se encargan mayoritariamente de los dependientes.

Fernández Marugán tira de datos para desmontar las tesis de la extrema derecha sobre que los migrantes viven de las ayudas públicas, gozan de preferencia en los servicios sociales o incluso los colapsan con el efecto llamada. «No hay evidencia clara», sostiene el Defensor, que reclama la reforma de la Ley de Extranjería para mejorar el acceso de los inmigrantes al mercado laboral y a la vivienda.

Otro apartado del informe alude a las deficiencias de medios y personal en residencias de ancianos, evidenciadas con el coronavirus. El Defensor menciona el uso de sujeciones físicas, que deben quedar restringidas a casos «excepcionales en los que no haya medidas alternativas». También propone más inspecciones en estos centros.