La Guardia Civil detuvo ayer a dos hermanos propietarios de una residencia geriátrica de Soto del Real (Madrid) por la muerte de una anciana de 101 años el pasado 7 de julio, una semana antes del cierre del centro tras una denuncia de la fiscalía al apreciar peligro para sus residentes. La fallecida presentaba síntomas de desnutrición y deshidratación.
Fuentes próximas a la investigación indicaron que ayer fue detenido Carlos P. B., propietario de la residencia Arzobispo Morcillo junto a su hermano, que ya había sido detenido el pasado 15 de julio. Ambos son presuntamente responsables de la muerte de la residente centenaria. Además de un delito de homicidio imprudente, están acusados de un delito de lesiones y otro contra la salud pública.
Fue un sobrino de la interna centenaria el que denunció que la muerte podía estar relacionada con el trato que la mujer recibía en el centro. Les acusó de no suministrar la medicación adecuada a su tía que había sido prescrita en el hospital La Paz, donde había sido ingresada y dada de alta en varias ocasiones anteriores. Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales y Familia señalaron que la fallecida fue una de las tres personas de la residencia que habían sido trasladadas a principios de julio al hospital madrileño.
La Comunidad de Madrid decidió cerrar durante un año esta residencia de gestión privada, tras comprobar que el centro no estaba garantizando la adecuada atención médica, ni los cuidados básicos, ni la alimentación necesaria de los ancianos.
La decisión la tomó a petición de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, que lo solicitó tras una visita rutinaria hecha por la fiscal de Alcobendas especialista en discapacidades, en la que constató el estado «deplorable» tanto de los ancianos como de las instalaciones del geriátrico.
Además de urgir al cierre de la residencia, que se hizo efectivo el 12 de julio, la fiscalía solicitó a la Guardia Civil un atestado. Fruto de esa investigación, los agentes detuvieron a uno de los responsables del centro.
La fiscalía precisó que no funcionaba la nevera donde debían conservarse los medicamentos que tienen que estar a baja temperatura, como la insulina. También detectó «bastante suciedad, falta de higiene, comida en dudoso estado de conservación y una habitación que, a modo de almacén, servía para acumular cajas llenas de medicamentos». Había riesgo de incendio al no funcionar las mangueras, y el cuarto de calderas tenía una fuga de agua.
Además de decretar el cierre, la Comunidad de Madrid impuso una sanción de 127.000 euros a los propietarios. El pasado mes de febrero ya había impuesto una sanción de 24.204 euros a la residencia por falta de mantenimiento y limpieza, y también por tener menús que no habían sido supervisados.
