El juzgado de instrucción número 4 de Madrid ha abierto diligencias por el escrache llevado a cabo por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ante el domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el marido de esta presentara una denuncia. El juez estima que las 27 personas identificadas por la policía podrían haber incurrido en los delitos de coacciones, amenazas y manifestación ilegal.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco desestimó ayer los recursos de la PAH contra la resolución de la Ertzaintza que obliga a los activistas a realizar escraches a una distancia mínima de 300 metros de los domicilios de los afectados. El alto tribunal considera que existe "proporcionalidad" en la decisión policial.
