"Fumigaban y a los 10 minutos nos decían que podíamos entrar, que no pasaba nada. No nos informaban". Este es el testimonio ofrecido ayer a EL PERIODICO por una funcionaria de prisiones que trabajó en la cárcel de Quatre Camins, en el municipio barcelonés de La Roca del Vallès mientras estaba embarazada. Su hijo nació con malformaciones. Pero al menos otras seis mujeres más destinadas a este centro, en concreto al servicio de comunicación o al búnker de acceso, han padecido problemas similares o han abortado. Un juez de Granollers está investigando la posible existencia de una serie de fumigaciones con productos tóxicos entre 1992 y el 2003.

Aunque son siete las funcionarias que presentaron una querella contra tres cargos de la Consejería de Justicia de la época, el número total de afectadas podría ascender a más de una veintena. "Muchas son interinas y no han denunciado por el miedo de perder el trabajo", aseguró una de las perjudicadas que lleva años trabajando como funcionaria de prisiones.

El Juzgado de Instrucción número 20 de Granollers admitió en marzo la querella al estimar que los hechos podían ser constitutivos de delitos contra los derechos de los trabajadores en concurso con lesiones y abortos. Por ahora, solo ha declarado ante el juez la que fue, desde el 2000 y hasta el 2007, subdirectora general de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Departamento de Justicia, aunque la acción penal se dirige asimismo contra una excoordinadora del Servicio de Prevención de Riesgos y un director de servicios. La consejería no se pronunció ayer sobre el caso.