Un juzgado de El Prat de Llobregat (Barcelona) ha abierto diligencias por delitos contra la seguridad aérea y detención ilegal a raíz de la huelga salvaje del pasado viernes en el aeropuerto de Barcelona, el mismo día en que esta instalación ha empezado a recobrar la normalidad.
Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la titular del juzgado de instrucción número 1 de El Prat ha abierto diligencias previas por la huelga a partir del atestado policial que elaboró la Guardia Civil y de las denuncias presentadas por algunos pasajeros perjudicados por la protesta.
Las denuncias de dichos pasajeros acusan a los trabajadores de asistencia en tierra de Iberia de un delito de detención ilegal, al considerar que fueron retenidos en contra de su voluntad en el interior de los aviones que no pudieron aterrizar ni despegar a consecuencia de la ocupación de las pistas por los trabajadores.
Los trabajadores que secundaron la huelga ilegal podrían afrontar sanciones laborales, incluido su despido, el pago de indemnizaciones por los daños causados y hasta un proceso penal por poner en peligro la seguridad del tráfico aéreo, según expertos consulados por Efe.
El colectivo de funcionarios Manos Limpias ha presentado ante la fiscalía del TSJC una denuncia contra el comité de empresa de los trabajadores del servicio de tierra de Iberia en El Prat, mientras que el conseller de Trabajo e Industria, Jordi Valls, ha asegurado que la Generalitat valorará personarse contra los huelguistas, según las responsabilidades que se desprendan de los informes.
Entre los pasajeros afectados, uno de los casos más llamativos es el de Rodrigo Torres, un chileno de 27 años, que descansa bajo un coche en exposición en la terminal B, tras cuatro días de espera, para poder culminar su viaje desde Santiago de Chile, con escalas en Fortaleza (Brasil) y Barcelona, y reunirse con su hermana en Tenerife.
