La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, prepara la tercera remodelación de su equipo de gobierno tras la tragedia del Madrid Arena, después de que ayer dimitiera su hombre de confianza, Antonio de Guindos, tras ser imputado junto a otros tres responsables políticos del consistorio por el juez Eduardo López Palop. Se trata de la cúpula de seguridad del Ayuntamiento de Madrid aquella noche: Guindos, ya exdelegado de Seguridad y exresponsable de Medio Ambiente y Movilidad, y hermano del ministro de Economía; Fátima Núñez, exconcejala de Seguridad y actual edila del distrito de Carabanchel; Emilio Monteagudo, inspector jefe de la policía municipal, y Alfonso del Alamo, director de Emergencias.

El magistrado también citó como imputadas a otras seis personas, en su mayoría responsables de las empresas municipales que gestionaban el pabellón y la empresa que controló los accesos. Con estos nuevos 10 imputados, el número total se eleva ya a 18 personas. Con las declaraciones de todas ellas, el juez intentará aclarar las circunstancias en las que fallecieron cinco jóvenes en la fiesta de Halloween del año pasado en el citado pabellón.

LAS CRITICAS La actuación de los cuatro imputados que formaban la cúpula de seguridad municipal ha sido duramente criticada. El ayuntamiento sabía desde el 6 de octubre pasado que se iba a organizar la macrofiesta, pero no amplió la dotación de la policía municipal. Esta no accedió al recinto hasta después de la tragedia y tampoco impidió cuatro botellones en los alrededores.

Asimismo, también se ha cuestionado el papel de los servicios de emergencias, que tuvieron que improvisar un dispositivo, al no ser alertados con suficiente tiempo, a medida que recibieron avisos de intoxicaciones etílicas.

La dimisión de Guindos fue anunciada ayer en una rueda de prensa convocada de urgencia por el portavoz municipal, Enrique Núñez. Este informó de que su compañero había dimitido por ser "esclavo de sus palabras", porque se había comprometido en la comisión de investigación a renunciar a su cargo si era imputado.

Fuentes municipales recordaron ayer que Botella prefirió deshacerse de su vicealcalde Miguel Angel Villanueva el pasado 9 de enero antes que prescindir de su amigo Guindos. Además, estas fuentes revelaron que la alcaldesa quiso salvar a su hombre de confianza para evitar que la deteriorada imagen de su gobierno municipal fuera a peor, ya que el cese de Guindos se podría interpretar como una asunción de responsabilidades por parte del consistorio.

Botella tampoco puso reparos a la dimisión de Pedro Calvo, que era delegado de Economía y Hacienda y que sigue ejerciendo como concejal, el pasado 14 de noviembre y que, de momento, sigue sin ser imputado por el juez López Palop.

Además, Núñez informó de que los otros responsables municipales imputados no pensaban dejar su cargo. "Una imputación no es una acusación sino una garantía procesal", apostilló.

Las declaraciones se llevarán a cabo entre el 11 de febrero y el 10 de abril. Entre los convocados figuran los médicos Simón y Carlos Viñals y los responsables de la empresa Madritec, que gestiona el recinto deportivo. También han sido llamados a declarar los mandos de la empresa Seguriber que controló los accesos al recinto. Otra de las personas que han sido convocadas es el hermano del dueño de Diviertt, José María Flores. El dueño, Miguel Flores, está en libertad bajo fianza de 200.000 euros (que reunió en solo unas horas) por haber vendido el doble de entradas de las permitidas en el recinto.

Los socialistas madrileños reiteraron ayer su petición de dimisión a Botella. Jaime Lissavetzky insistió en que la edil se ha mostrado "incapaz de estar a la altura" de las circunstancias.