El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ha anunciado este miércoles que presentará un recurso en los próximos días ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la decisión de un juzgado de Madrid de suspender de forma cautelar la adjudicación de la gestión de varios hospitales madrileños a manos privadas, una medida que se tenía que ejecutar este mes.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid considera que existen motivos para no creerse el argumento de la administración mdrileña, que asegura que detrás de la privatización de la gestión está el ahorro. Además el juez Carlos Iglesias, que cuenta con el apoyo del fiscal, remarca en su auto que de existirn en un futuro ese ahorro "es virtual, al estar basado en cálculos hipotético que no pueden responder a la realidad" y que el proceso "podría tener efectos irreversibles"
El auto vuelve a paralizar temporalmente la concesión, después de que en julio lo hiciera, a demanda del PSOE, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El alto tribunal, sin embargo, levantó la suspensión dos semanas más tarde al estimar un recurso de la Comunidad en el que se alegaba que los socialistas no eran afectados directos en el proceso.
Para Fernández Lasquetty, el auto del juez es consecuencia de la "maraña de recursos" del Partido Socialista de Madrid utilizando plataformas próximas a su ideología y ha acusado al juez de utilizar criterios políticos y no jurídicos. No obstante, no ha aclarado quén van a hacer las empresas Sanitas, Ribera Salud e Hima San Pablo, que optan a su gestión.
Para el líder de los socalistas madrileños, Tomás Gómez, la decisión judicial es una victoria para los madrileños y todos los españoles porque se pone freno a un proceso que supondría el desmantelamiento del sistema público sanitario. "Nadie duda ya de que la privatizción va a ser paralizada definitivamente en los tribunales", ha asegurado Gómez, quien ha pedido al gobierno de la Comunidad de Madrid que de marcha atrás y a las empresas adjuticatarias que abandonen los hospitales, que les han sido adjudicados "como resultado de un proceso plagado de irregularidades".
