Se enerva con los casos de corrupción y no tolera las noticias sobre violencia machista. Víctor, de 24 años y con discapacidad intelectual, tiene opinión sobre ciertos asuntos públicos, pero no tiene derecho a votar. Lo perdió cuando sus padres solicitaron al juez una incapacitación parcial que le privara de regir sus bienes, con el objetivo de evitar que le estafen. El juez de primera instancia de Gandia determinó que se le debía incapacitar totalmente, incluso privándole de su derecho a voto. Sus familiares reclamaron una modificación para que el chico pudiera volver a votar. Pero no lo consiguieron. Ahora han recurrido contra esta decisión ante la Audiencia de Valencia y cuestionan el método de valoración del forense que examinó al joven en noviembre del 2012.
Marisa y Paco, los padres de Víctor, desconocían que al ser incapacitado el chico perdería el derecho a voto, que había ejercido desde los 18 años. "Pensamos que dadas sus capacidades, no le iban a quitar la ciudadanía. Es un todo o nada", lamenta Marisa. Paco añade que su hijo "no es un mueble". Para el abogado José de la Oliva, que trabaja gratis en el caso, "se trata de defender un principio" y evitar que por criterios científicos anticuados "se pueda anular totalmente a una persona".
EXAMEN DE 10 MINUTOS Cuando los padres pidieron una revisión de la incapacitación, un médico forense examinó a Víctor durante unos 10 minutos. El facultativo le pidió que recitara nombres de presidentes del Gobierno. "Respondí tres", dice el chico. Marisa recuerda que "Víctor estaba metido en sí mismo y me miraba como diciendo: ¿esto va a durar mucho?". El forense también le preguntó si su familia le había influido para votar. Pero en su casa, dice Marisa, cada uno vota a un partido diferente. De hecho, Víctor eligió partidos distintos para las municipales y las generales según su criterio. "Tiene razonamientos muy justos y lógicos", añade Marisa.
La decisión del juez indignó a su familia: definía al chico como un "enfermo mental". Según el informe forense, Víctor "no es capaz de entender la importancia de la capacidad de sufragio ni su trascendencia". El informe de la fiscalía concluía que "a quien no se le puede reconocer el derecho a regir su propia persona o sus bienes, difícilmente podrá reconocérsele el derecho a participar en los asuntos públicos mientras persista la situación de incapacidad para autogobernarse". Este dictamen no menciona la instrucción de la Fiscalía General del Estado del 2010 que aclara que los jueces solo pueden privar de este derecho "en casos excepcionales", ya que "incide negativamente en la integración social" del afectado.
HABILIDADES SOCIALES Víctor tiene un grado de discapacidad global del 65%, que puede alcanzar el 75% por factores complementarios. El último informe que evalúa su evolución acredita que "ha adquirido habilidades sociales de autodeterminación, como opinar, emitir juicios críticos o expresar deseos". El abogado De la Oliva lamenta que en España no se han actualizado los métodos de valoración y no se atiende a factores psicosociales como determina la OMS. "Hay una inercia a seguir los criterios de los años 70 y 80", dice. En los próximos meses le evaluará un segundo forense, esta vez el de la Audiencia de Valencia.
Los padres y la hermana de Víctor, Mónica, han luchado porque el chico sea lo más autónomo posible. "Desde que me dijeron que tenía una discapacidad intelectual, he luchado porque mi hijo fuera lo más independiente posible. Si tiene capacidad para andar y hacer ciertas cosas, puede entender otras. Quizá a nivel curricular, no, pero en la vida, sí", dice Marisa.
