La tramitación de las ayudas arrancó en todas las autonomías con la entrada en vigor de la ley de dependencia que ayer cumplió dos años. Pero el proceso no lleva al mismo ritmo en todas las comunidades, aunque la disparidad es menor en general que hace un año. Según los datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el total nacional de personas que han solicitado acogerse a las ayudas de la ley de dependencia supera las 930.000, de las que ya han sido valoradas por los equipos de evaluación más de un 89%.

Pero todos los casos no alcanzan este porcentaje. Los datos del Imserso demuestran una vez más que existen diferencias importantes en las transferencias destinadas a cada autonomía, que se corresponden con el diferente grado de avance en la recepción de solicitudes, la realización de las valoraciones y dictámenes, pero que no se corresponden con la población potencialmente dependiente de cada comunidad. Así, la mayores diferencias en cuanto a casos valorados se encuentran entre La Rioja, que también tiene el cien por cien de sus casos dictaminados, y Galicia con solo el 70% de valoraciones realizadas entre las más de 68.000 solicitudes.

A la cabeza de las comunidades con menos beneficiarios de ayudas respecto al total de dependientes con derecho a percibirlas está Canarias: solo las reciben el 20%. Por detrás está Murcia, con un 25% de atendidos, y Baleares, con un 35%. Al contrario, el 91% de los dependientes del País Vasco con derecho a las ayudas ya se benefician de estas. En Navarra este grupo asciende al 78%, y en Andalucía, las recibe un 75%.

En cuanto a los dictámenes emitidos, Extremadura baja de la media nacional casi 10 puntos, junto a otras comunidades que no alcanzan el porcentaje del país: Andalucía, Asturias, Canarias y Galicia. Bajo estas cifras se escudan casos curiosos como el de Madrid, donde estas ayudas solo han sido solicitadas por unas 41.000 personas, situación similar a la de Valencia pese al volumen de habitantes.

Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales el tiempo estimado entre la entrega de la solicitud y la resolución del expediente está entre ocho y quince meses. Una información que hasta el momento ninguna comunidad ha facilitado. Incluso, recoge el último informe de este colectivo, hay autonomías que aún no han definido con precisión los procedimientos para la presentación y gestión de las solicitudes. No es el caso de Extremadura, cuyo proceso está claramente definido a través de los Servicios Sociales de Base.