La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una vez que ha consultado a todos y cada uno de sus miembros, a través de las juntas autonómicas que en su momento se efectuaron, acordó la convocatoria de una huelga de jueces y magistrados para el 8 de octubre.
Ello vino motivado por la imposibilidad real y absoluta de que las conversaciones con el Ministerio continuasen por las sendas que la asociación, como tal, se había marcado, y que eran conocidas por todos los miembros de la carrera judicial y publicadas de acuerdo con las otras asociaciones de jueces y magistrados que existen en España.
El Ministerio no había dado respuesta. Se esperó hasta el último momento, hasta la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, donde se comprobó que no se recogían las partidas necesarias para atajar la crítica situación que está viviendo la Justicia.
La principal reivindicación, que podemos concretar en pocas líneas, hace referencia al abandono absoluto en que se encuentran los órganos judiciales. El atasco de los mismos y el retraso que los ciudadanos están sufriendo no se debe sino a un volumen de trabajo que es imposible de soportar si no es con unos buenos cánones de atención a los asuntos y con la calidad que el ciudadano se merece de una Justicia del siglo XXI.
España tiene una ratio muy por debajo, prácticamente de la mitad del número de jueces por cada 100.000 habitantes, que el resto de los países de la Comunidad Europea. Mientras que esto sea así, el servicio público que la Justicia está llamada a dar al ciudadano no tendrá la calidad que nosotros, como miembros de la carrera judicial, deseamos prestar al ciudadano.
Todo esto ha abocado a la convocatoria de la jornada de huelga, una huelga que está secundada por la inmensa mayoría, casi por todas las asambleas de jueces y magistrados de todo el territorio nacional, que han decidido adherirse a esta convocatoria de huelga de la Asociación Profesional de la Magistratura
*La magistrada es miembro del
Comité Ejecutivo Nacional de la APM
