Tiene muchos beneficios, pero también un efecto indeseable. Médicos, farmacéuticos y Administración sanitaria coinciden en situar la receta electrónica detrás del incremento registrado por el gasto farmacéutico el año pasado en Extremadura: un 8,86%, el mayor del país. La región dobla así la media nacional y rompe la buena tendencia de los últimos cinco años, cuando se mantenía por debajo. Precisamente a ese factor vinculan desde el Sistema Extremeño de Salud (SES) la magnitud de la subida registrada en Extremadura, por compararse el 2009 con el año anterior cuando el incremento fue muy escaso, si bien ya están poniendo en marcha medidas para contener el gasto.
La región registró de este modo un repunte del gasto, que en los cuatro años anteriores ha estado en torno al 5 o 6%, siempre muy próximo al promedio del conjunto del país e incluso ligeramente por debajo. Para el subdirector de Farmacia del SES, José Luis Sánchez, el incremento no es alarmante ya que, asegura, "hay que tener en cuenta que nos estamos comparando con años en los que se ha contenido bien el incremento del gasto. No es que ahora subamos tanto, es que lo hacemos con respecto a la época en que las cosas han ido muy bien". De hecho, añade, "si nos fijamos en los últimos cinco años, Extremadura no es la comunidad donde más aumenta la inversión en medicamentos, pese a tener un envejecimiento mayor".
No obstante, Sánchez reconoce que la receta electrónica "puede haber provocado un aumento de las recetas dispensadas". "Es un instrumento excepcionalmente bueno, que ofrece muchísimas ventajas --sobre todo para el paciente, aunque también para el resto de actores del ámbito sanitario y para el propio sistema--, pero es normal que en su primera fase pueda haber desajustes", considera. En concreto, plantea que puede haber habido una cierta "falta de información del paciente", así como "algún uso inadecuado por parte de algunas farmacias".
Sin embargo, confía en que son cuestiones que pronto podrán subsanarse. Para ello, el SES ya está poniendo en marcha algunas herramientas, como el fomento de la prescripción por principio activo, las campañas de información al paciente y las mejoras en el módulo de prescripción global (para evitar duplicidades y otros fallos). Asimismo, Sánchez pide la colaboración de los farmacéuticos, al igual que la han tenido en el proceso de implantación de la receta electrónica (cuyo despliegue total se ha alcanzado en apenas cuatro meses).
ACERCAMIENTO AL USUARIO Un apoyo que ofrece sin reparos el presidente del Consejo de Farmacéuticos de Extremadura, Pedro Claros, que, en todo caso, no ve excesiva la subida el gasto en medicamentos y lo vincula sobre todo al "acercamiento de la prestación al usuario". A su juicio, la receta electrónica ha contribuido a facilitar la adquisición de fármacos, proceso al que resta burocracia y aporta efectividad. Por ello, considera residual el posible mal uso de la receta electrónica y asegura que los farmacéuticos también están interesados en la sostenibilidad del sistema.
Más crítico, sin embargo, se muestra el presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Extremadura, Carlos Arjona, quien asegura que "los farmacéuticos recetan todo lo que aparece en la receta electrónica, mientras que antes era el paciente el que decidía qué recetas se llevaba a casa, bien porque ya tenía un medicamento o bien porque sabía que no lo iba a consumir". Es por esto que considera que es necesario "controlar la implantación de la receta electrónica", más que el gasto farmacéutico en sí mismo.
Arjona incluso propone una solución: que sea el paciente, a través de su tarjeta sanitaria con chip, el que pueda decidir qué medicamentos adquirir sin la intervención del farmacéutico, es decir, poner en marcha el uso de la tarjeta de forma personalizada. Además, se muestra partidario de fijar una tasa para todos los medicamentos, convencido de que "lo que es gratis no se valora y la gente no sabe que cualquier fármaco puede costar hasta 40 o 50 euros". Como ejemplo, indica que "el gasto de seguros privados en los que el paciente debe pagar una parte (el 30%) del fármaco, es un 34% menor que el de la Seguridad Social".
