La pandemia de SARS-CoV-2 ha sumido al país en un extraño clima de estupor, como si la crisis sanitaria suspendiera la capacidad de pensamiento en todos los demás asuntos públicos. Esto sucedía tras el bienio 2018-2020, marcado por un «Gobierno-diazepam» (expresión acuñada por la feminista Alicia Díaz), que había anestesiado al país con las mayores expectativas de cambio desde 1975. Y esto, a su vez, ocurría tras una década (2008-2018) de brutal crisis económica que había noqueado a las clases medias y populares ante el duro espejo de su terrible vulnerabilidad. El resultado es una España agotada, desmotivada, desilusionada, indignada en silencio, paralizada intelectualmente y políticamente inoperante.
Pero parece que la España real ya comienza a despertar. La última gran movilización ha sido la de las mujeres, el 50% de la población, que ven cómo las siguen matando sin que las instituciones sean capaces de ofrecer más que eslóganes y discursos vacuos; no hacía falta haber leído mucho más de dos páginas sobre violencia machista para saber que la liberalización de movimientos incrementaría exponencialmente las agresiones, ante la pérdida de control machista, pero al parecer no hay suficientes cargos públicos en el Ministerio de Igualdad para haberlo previsto, ni siquiera, al menos, con una mísera campaña de concienciación.
No sabrán ustedes, porque los medios de comunicación que son correas del poder no lo cuentan, que desde abril hay interinos en huelga de hambre, al menos, en Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana y Euskadi. La razón es que el Estado español se niega a trasponer la directiva europea que obliga a solucionar el gravísimo problema del abuso de temporalidad en la Administración española, y no solo eso, sino que tampoco hace nada por aplicar las dos sentencias del TJUE (19/03/2020 y 03/06/2021) que indican claramente que hay que sancionar a las administraciones responsables, bien con la conversión de los contratos en indefinidos, bien con indemnizaciones, bien con procesos penales a los jefes de servicio responsables, o bien con una combinación de dos o las tres medidas. Esto afecta a 800.000 trabajadores públicos españoles y sus familias, es decir, a unos tres millones de personas, casi el 10% de la población española. Pero lo único que se le ha ocurrido al ministro Iceta es proponer una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público que agrava el problema, convirtiendo las administraciones españolas en la mayor empresa de trabajo temporal del país.
"Una España agotada, desmotivada, desilusionada, indignada en silencio, paralizada intelectualmente y políticamente inoperante"
A lo largo y ancho de toda España proliferan ya las manifestaciones, concentraciones y protestas ante la indiferencia o el abuso de poder de las Administraciones Públicas: meses de movilizaciones acumulan ya los trabajadores de la empresa pública Navantia para exigir el mantenimiento de los casi 5.000 empleos en todo el país, singularizándose las protestas durante las últimas semanas en Cádiz, Ferrol, Getafe y Puerto Real; una movilización unitaria defendió el sistema público de pensiones el pasado 28 de mayo; miles de médicos de toda España se encerraron en el Ministerio de Sanidad el pasado 8 de junio, pidiendo la dimisión de la ministra Darias, ante el escándalo en la adjudicación de plazas; todo el sector organizado en torno a las personas dependientes en Andalucía se concentró el pasado 11 de junio para exigir la sostenibilidad del sistema; el 12 de junio se congregaron miles de personas en decenas de localidades españolas contra la privatización de la sanidad; los trabajadores de Teleperformance en A Coruña han convocado movilizaciones entre el 11 y el 23 de junio contra su precariedad laboral y cientos de personas en Málaga llevan desde abril luchando porque no se cierre uno de los paritorios de la ciudad.
El domingo 13 de junio se congregaron decenas de miles de personas contra los indultos de los presos independentistas, un rechazo que, por más que haya interés en asociarlo al flanco derecho del arco político, representa a la mayoría de españoles (entre el 60% y el 80%, según la encuesta) que está en contra de semejante tropelía.
Lo que quizá signifiquen —ojalá signifiquen— todas estas movilizaciones es que la España real está despertando ante el atropello de sus administradores temporales, que parecen casi siempre más enemigos que garantes de nuestro bienestar.
*Licenciado en CC de la Información
