Visto lo visto o nos juntamos con otros territorios o desaparecemos. España es una nación, de eso no hay ninguna duda, pero nuestro sistema autonómico nos ha convertido en 17 reinos de Taifas donde cada cual busca su propio interés. La amenaza siempre ha estado ahí con los territorios históricos, Cataluña sobre todo que reclama una relación bilateral con el Estado al margen del resto, pero esta semana han saltado las alarmas tras la cumbre bilateral protagonizada por Juan Manuel Moreno Bonilla y Ximo Puig, dos presidentes de dos territorios antagónicos, Andalucía y la Comunidad Valenciana, gobernados por partidos tan diferentes como son el PP y el PSOE que, por contra, buscan un mismo objetivo. 

Poderoso caballero es don Dinero, que diría Quevedo. Moreno Bonilla y Puig acordaron el martes un documento de 11 puntos con el que esperan sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica, el cual está caduco y pendiente de revisión desde el año 2014 pues se aprobó en 2009 con una validez de 5 años. El objetivo es un nuevo reparto de recursos que termine con la infrafinanciación que, a juicio de andaluces y valencianos, afecta a sus territorios y alcanzar así un reparto más justo atendiendo a un criterio de población. 

Hace varias semanas, Ximo Puig ya intentó lograr una alianza similar con el presidente catalán, Pere Aragonès, pero este solo se comprometió a ofrecer «complicidad» en la reivindicación, nunca implicación ni alianzas. A quién se le ocurre sentarse a la misma mesa que Cataluña, donde solo caben dos comensales y uno de ellos es el Estado, pero ir de la mano dos comunidades, una del PP y otra del PSOE, es lo novedoso ahora, saltarse la disciplina de partido e ir sólo por un interés económico al margen de ideologías.

El documento contiene algunas novedades como un pacto para reclamar mayor capacidad de las comunidades autónomas de régimen común para «decidir sobre el nivel de sus ingresos», así como un acuerdo tácito para exigir al Gobierno de Sánchez un mecanismo transitorio de compensación para las comunidades según ellos infrafinanciadas. Además, ambos coinciden en que el criterio de reparto territorial de recursos debe basarse en el concepto de población ajustada, que el nuevo modelo debe aportar más recursos a todas las comunidades (equidad vertical) y «corregir la inequidad horizontal» mediante un sistema que «tenga como criterio principal» la población ajustada.

En el caso de Extremadura perderíamos todo. Un criterio de población nos parte por la mitad. Nadie entiende fuera de aquí que tenemos casi la mitad de extensión de territorio que Andalucía con solo 1 millón de habitantes; que hay casi 400 pueblos que atender con un montón de servicios básicos empezando por la sanidad pública que es un saco sin fondo; y que nuestro envejecimiento y dispersión geográfica hacen que un criterio meramente poblacional nos lastre de por vida y provocan que jamás alcancemos niveles de convergencia con otros territorios más ricos, más poblados y menos extensos.

Se prevé una pugna dura y sin tener en cuenta ni los partidos ni el concepto de país que deberíamos compartir todos los españoles. Porque alguien debería pensar alguna vez que la deuda histórica con Extremadura aún no ha sido saldada. Pero tampoco vamos a ser los únicos que nos pongamos como el avestruz, con la cabeza enterrada en el suelo esperando que pase el peligro. Habrá que unirse con otros territorios como han hecho Andalucía y la Comunidad Valenciana (o como ha sugerido Javier Lambán en Aragón esta misma semana). De lo contrario, acabaremos peor que mal, echando el cierre y emigrando a otros territorios. En esta guerra sin cuartel se practica la ley de la selva, quien no llora no mama, y lo cierto es que el Estado tiene una sola manta, es decir, que si unos se tapan la cabeza más de la cuenta a otros acabarán por destaparnos los pies.