Dice el consejero Vergeles que es ejemplo de cómo hacer las cosas; pero ya sabemos lo que el refranero español nos advierte: «Dime de qué presumes...». Y este es el caso, porque no hay ni ejemplaridad ni transparencia en asuntos como los contratos de emergencia. Esto de los contratos públicos es tanto o más lioso que el famoso contrato de los hermanos Marx en Una noche en la ópera, pero evidentemente mucho más serio porque se paga con dinero público, y por eso el rigor y la transparencia deben estar presentes en todo momento a lo largo del proceso.
"La Junta ha realizado 522 contratos de emergencia por valor de 78 millones
Una modalidad que permite la ley es el contrato de emergencia; algo excepcional, diseñado para cuando se «tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional». En estos casos, no se tramita ningún expediente. Es decir, ni se da publicidad al contrato, ni hay pliego de condiciones, ni pueden concurrir las empresas, tampoco existe posibilidad de recurso; en definitiva, lo que viene ser el «a dedo» de toda la vida. ¿Qué ocurre cuando esa excepcionalidad se convierte en normalidad?
En el caso de la Junta de Extremadura, en los últimos dos años, hay 522 contratos de emergencia por valor de más de 178 millones de euros. Todo parece indicar que se han aprovechado las circunstancias sanitarias para ir a lo fácil en lugar de a lo riguroso. Es aquí donde podría encontrarse la diferencia entre el uso y el abuso.
Por ello, en aras de la transparencia, y para evitar la arbitrariedad, es necesario que se explique esa decisión de contratar, convirtiendo la excepción en la regla, con dinero público.
El PP ha pedido una comisión de investigación en la Asamblea para aclarar estas circunstancias; especialmente el caso de los más de 39 millones de euros del transporte sanitario.
El lío del contrato de ambulancias es monumental. ¿Qué se puede hacer cuando interesa mantener el contrato de emergencia actual? La Junta intentó prorrogarle el contrato a la empresa que daba el servicio, pero la Intervención General le recordó que este tipo de contratos no se puede prorrogar. El segundo capítulo fue sacar un expediente de contratación, pero con unas condiciones que solo generaron recursos e incluso a la provincia de Badajoz no ofertó ninguna empresa. ¡Cómo no sería ese pliego de condiciones, que la Comisión Jurídica de Extremadura lo consideró ilegal! El final ya lo conocemos: parece que este recorrido le dio la justificación a Vergeles para hacer un nuevo contrato de emergencia a la misma empresa.
Para cerrar la semana, hemos constatado el favoritismo con que se gasta el dinero del Fondo de Recuperación y Resiliencia. Todo parece indicar que la Junta trata a los extremeños según sus ideas políticas. Juzguen ustedes cómo se han repartido los 74 millones de euros para hacer ocho macro-residencias de la tercera edad: hay algún municipio de 100 habitantes agraciado mientras comarcas enteras de la provincia de Cáceres no van a poder atender las demandas en materia de atención a los mayores y dependencia.
