Quizá recuerde el lector los complicados días de marzo cuando, por primera vez en democracia, tuvimos problemas de abastecimiento y se extendió una honda preocupación ante la paralización del sector del transporte. Las fuertes movilizaciones obligaron al Gobierno a desplegar casi 25.000 miembros de los cuerpos de seguridad.
Pero pasó demasiado desapercibido lo más importante: la quiebra de la interlocución social, causante principal del agravamiento del conflicto. La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera no reconocía los acuerdos a los que el Gobierno llegaba con otros interlocutores, mientras que el Gobierno afirmaba que esa plataforma no era invitada a las reuniones porque carecía de representatividad. Ahora anuncian nuevas movilizaciones en julio.
La actitud del Gobierno era una posición de fuerza sin ninguna apoyatura lógica, puesto que un movimiento social capaz de paralizar el país, es obvio que tiene representatividad y legitimidad, le guste al poder establecido o no le guste.
Aquello no fue casual. Más bien la punta de un iceberg largamente conformado, de algo tan fundamental en democracia como la ausencia de una interlocución social y política suficientemente legitimada para la defensa de los diversos y múltiples intereses de la ciudadanía.
A pesar de que existe la impresión generalizada de que la sociedad española se encuentra en un extraño periodo de letargo y conformismo —y creo que hay mucho de ello—, convertir esa intuición subjetiva en hechos comprobables no es tan fácil. Hay datos que apuntan en otra dirección.
Lo que sí es un hecho incontrovertible, después de que millones de personas participaran en el 15-M de 2011, es que España no está contenta con la mayoría de las instituciones del Estado. En el último estudio sobre tendencias sociales del CIS (21/12/2021), por ejemplo, partidos y sindicatos eran las dos instituciones peor valoradas.
Si analizamos, por ejemplo, la creación de partidos políticos, nos encontramos con que en los primeros cuatro meses y medio de 2022 se han dado de alta en el Ministerio de Interior nada menos que 61 nuevas organizaciones, 14 al mes; a ese ritmo, cuando acabe el año la cifra se situaría en torno a los 163 partidos. Para que nos hagamos una idea, sería superior a la suma de 2020 (57) y 2021 (82), y aunque esto podría ser explicable por la parálisis de la pandemia, lo cierto es que en todo 2016 (53) o 2017 (70) se constituyeron tantos nuevos partidos como en las primeras 18 semanas de 2022. Teniendo en cuenta que hay una alta correlación entre este dato y el descontento social o el anhelo de cambio (el año del 15-M se dieron de alta 401 nuevos partidos, el segundo mayor dato de la serie histórica), es obligado interpretarlo como un claro síntoma de la intensa búsqueda de una nueva interlocución social.
Parece más meritorio que en España se hayan creado desde 1976 nada menos que 28.692 sindicatos y patronales
En el ámbito laboral los incentivos para la creación de nuevas organizaciones son menores, porque la actual ley de «libertad» sindical —que sería impensable en ninguna democracia moderna— garantiza que los llamados «sindicatos más representativos» se sienten en mesas de negociación aunque tengan cero votos. Algo parecido pasa con las empresas, en un país con fuerte tendencia «oligopólica». Teniendo en cuenta este claro desincentivo, aún parece más meritorio que en España se hayan creado desde 1976 nada menos que 28.692 sindicatos y patronales (610 al año, como promedio), lo que parece un claro síntoma de descontento con lo que hay.
La democracia española se instituyó desde 1976 con la consigna de crear un sistema cerrado ante el miedo a la regresión, lo cual ha generado una regresión en sí misma. La «verticalización» de la interlocución sociopolítica en España, cruzándose perversamente intereses de partidos políticos, sindicatos, patronales y asociaciones, ha asfixiado la frescura de la democracia, en comparación, por ejemplo, con Francia, donde las instituciones se renuevan con un dinamismo envidiable.
La buena política en España —ya no podemos abusar del sintagma «nueva política», arrasado por los desastrosos líderes del lustro 2015-2020— pasa por cambios radicales, y uno de ellos es la necesaria sustitución de las instituciones blindadas en la timorata Transición, por otras que representen de verdad a la España del siglo XXI.
*Licenciado en CC de la Información
