Afinales de 2021, comentar la escalada de precios y la reaparición de la inflación parecía análisis obligado. Durante dos décadas nos habíamos acostumbrado a vivir sin presiones inflacionarias, con una estabilidad asentada sobre la moneda común: el euro. Pero el shock económico de la pandemia trajo de vuelta no únicamente la inflación, sino otros fenómenos que creíamos desterrados (escasez de materias primas, cortes en suministros), o que ya eran infrecuentes (subidas de tipos, incremento exponencial en costes energéticos).
Sin embargo, no habíamos llegado al final de este continuo deja vú. Hemos recuperado otro término, que se hizo familiar en la crisis de deuda de la pasada década: la prima de riesgo. No es extraño que nos acose la sensación de que «esto ya lo hemos vivido».
Desde el comienzo de 2022, el Banco Central Europeo (BCE) había proclamado, a todo el que quisiera escuchar, que iba a aplicar con contundencia dos medidas durante el segundo semestre. Primero, realizar subidas (en plural) de tipos durante el año. Segundo, dejar de adquirir la deuda soberana emitida por los estados miembros, una herramienta que, como programa temporal, se había puesto en marcha dentro de los efectos mitigadores por el impacto de la pandemia.
Si España ha resistido con cierta fortaleza la pandemia era porque el órdago del gobierno es que alguien en el futuro pagaría la fiesta
Estos anuncios tuvieron poco efecto en los mercados, habituados a los amagos del BCE, que busca golpes de efecto sin detallar o especificar la forma de ejecución. De modo que los inversores aún no habían descontado los posibles efectos de ambas medidas sobre sus beneficiarios: los estados miembros. Ocurre que el margen de nuestro banco central es escaso. Si bien su mandato se centra en el control de la inflación (lo que obligaba a no dilatar más la subida de tipos, a rebufo de lo que ya había hecho la FED en Estados Unidos) a nadie se le escapa que se ocupa igualmente por las condiciones económicas de los estados miembros, el mercado de trabajo y, esencialmente, la unidad del euro.
Su retirada como principal comprador de deuda soberana (y prácticamente único en el caso de España y otros, como veremos) provocó dos efectos inmediatos y altamente relacionados: menor demanda y costes más altos para los países miembros. Pero también se produjo una sucesiva derivación «inesperado»: la presión de bajistas y fondos de riesgo sobre la deuda de los países periféricos. Sí, vuelven los PIGS (acrónimo para Italia, España, Portugal y Grecia). Y sí, vuelve la presión: el martes nuestra prima de riesgo se disparaba en más de 130 puntos y el bono español se pagaba al 3% (¡más de dos puntos de coste que la semana previa!).
Esto obligó al BCE a convocar una reunión de urgencia el miércoles, lo que nunca es una buena noticia (este tipo de reuniones extraordinarias no se producían desde la eclosión de la pandemia). Pero nadie compra ya el discurso de «lo que sea necesario» que Draghi usó en 2012 en plena tormenta sobre el euro. Esta versión 3.0. requerirá de verdad acción, no valdrá con declaraciones y ruedas de prensa.
El foco está puesto ahora en Italia, lo que ni significa que no afecte a España ni permite caer en una sensación de seguridad, que será solo falsa complacencia. España es quizás el país más afectado por el cambio de rumbo de BCE. Quien compraba nuestra deuda era el BCE y nuestros presupuestos actuales se basan en la llegada de los fondos europeos y en una contención de los costes de financiación que la realidad ya desmiente.
Además, si España ha resistido con cierta fortaleza la pandemia era porque el órdago del gobierno es que alguien en el futuro pagaría la fiesta. Con los esfuerzos fiscales de la pandemia acumulamos un saldo de deuda adicional de 241 mil millones de euros; es decir, un nivel de deuda equivalente a 120% del PIB.
No hay ningún ataque, y el BCE necesita reaccionar para evitar una fragmentación en la capacidad de financiación de los países de la Eurozona. Pero la clave en este revival sobre la deuda soberana está en cada estado. Sin la asistencia del BCE la solución pasa por convencer a los inversores: control del gasto público, seguridad jurídica y estabilidad institucional.
¿Estamos peor que en el verano 2012? España puede contar con una base sostenible de su deuda como parte del euro, pero debe cumplir con escrúpulo los requisitos mencionados, lo que exige una política de estado por encima de siglas e ideologías.
*Abogado, experto en finanzas
