Sainete en cuatro actos. Uno: Andalucía ha anunciado esta semana que, como ya ha hecho Madrid, pretende cargarse el impuesto de Patrimonio que grava a las grandes fortunas. Se trata de un tributo estatal transferido a las comunidades autónomas para los contribuyentes que poseen una fortuna superior a los 500.000 o los 700.000 euros según cada sitio sin contar la vivienda habitual. La razón es, entiende su presidente, Juanma Moreno Bonilla, que así se asienta en su territorio gente más pudiente, la cual, a la postre, acaba tributando más por IRPF y por impuestos ligados al consumo.
Dos: Otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como son Murcia o Galicia, han señalado que van a seguir los pasos de Andalucía o Madrid porque están convencidas de que la exención de este tributo genera mayor recaudación a medio o largo plazo, pues se produce una migración general de contribuyentes desde otros lugares que sí lo tienen activo.
Tres: El resto de territorios, en este caso los gobernados por el PSOE, han puesto el grito en el cielo y acusado a la derecha de primar a los ricos en cuanto gobiernan en detrimento de las rentas pobres y, sobre todo, de las clases medias que son las que sostienen el estado de bienestar del país a través del IRPF fundamentalmente.
Y cuatro: Para rizar el rizo. El Gobierno nacional ha anunciado que prepara un nuevo tributo especial que gravará de forma temporal a las grandes fortunas de este país que consiguen escapar del impuesto sobre el Patrimonio gracias a su residencia fiscal. El mecanismo, aun por desarrollar pero que pretende estar vigente en 2023, busca quitarle competencia normativa a las comunidades autónomas, ya que solo se cobraría a los contribuyentes con grandes fortunas (se habla hasta de 2 millones de euros) que no tributen ya en su correspondiente comunidad autónoma. La intención del Ejecutivo es que el Estado se quede con lo recaudado ya que no tendría sentido transferir a una comunidad un dinero que ha decidido no cobrar.
Desenlace: Se puede estar acuerdo con la filosofía del PP, más liberal, o con la del PSOE, más social. Lo que sí estoy seguro es que este debate va a generar una guerra ideológica que va a tener su traslación electoral. Porque es muy difícil explicar que un partido quiera eximir del pago de impuestos a los ricos con la excusa de que así van a invertir más, sobre todo en territorios donde no hay muchos ricos como ocurre en Extremadura que recauda 6 millones de euros por un impuesto que pagan apenas 1.200 contribuyentes. Por comparar: en Andalucía se recaudan 93 millones, quince veces más; y en Cataluña 546 millones, noventa veces más. En Madrid, que estaría en el primer puesto, se dejan de ingresar desde hace dos años 992 millones anuales.
Estoy seguro de que este debate va a generar una guerra ideológica que va a tener su traslación electoral
Lo que se traslada con este debate es que este país, lejos de transmitir unidad, lleva cada vez más a gala la filosofía de tonto el último. No estamos en una España unida, sino en la suma de diecisiete territorios que compiten entre sí con sus respectivas baronías tratando de apoderarse del trozo de pastel más grande. Porque la competencia es sana en un régimen de libre mercado, pero aprovechar que se tienen más ingresos o un mayor nivel de renta para bajar o eliminar impuestos y favorecer que los contribuyentes, normalmente los más ricos, trasladen su casa o su domicilio, lo que se ha venido a llamar ‘dumping fiscal’, no es de recibo si se forma parte de un mismo país. Se entra en una espiral perversa porque obliga a las comunidades menos ricas a seguir esta estela y, finalmente, ser incapaces de auto financiarse.
No estamos en una España unida, sino en la suma de 17 territorios que compiten con sus respectivas baronías
Las reglas del juego y la baraja deben ser las mismas para todos. De lo contrario, ya sabemos lo que pasará:que las regiones ricas siempre ganarán la partida y se harán cada vez más ricas, y las pobres jamás alcanzaremos el nivel que nos corresponde como a los demás.
