La propuesta del Rey

Los calores de agosto han mitigado el debate sobre la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno que el Rey deberá efectuar, precedida por «la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria». Pero en breve, tras la constitución del Congreso, el Rey no tendrá más remedio que cumplir con el encargo del artículo 99 de la Carta Magna, que algunos han convertido ya en motivo de controversia. Como es conocido, Feijóo tiene la pretensión de ser el señalado por el jefe del Estado porque, a su entender, «ha ganado las elecciones» (no sabe que vive en un modelo parlamentario, no presidencialista). Y Sánchez, más prudente, no reclama la preferencia, pero sí aspira con fundamento a reunir los apoyos necesarios. Puede que la investidura de Sánchez no salga y haya que repetir elecciones; lo que sí es seguro es que la de Feijóo, si llegara a plantearse, resultaría fallida.

Pues bien: los patriotas conservadores ya han puesto al monarca entre la espada y la pared. Su exigencia ha sido lanzada a los cuatro vientos: el Rey tiene la obligación de llamar, sin duda alguna, a quien encabeza «la lista más votada». He visto periodistas enardecidos en tertulias defendiendo esta tesis dudosa con certidumbres inquietantes.

No voy yo a caer en el pecado análogo de sugerir al Rey lo que tiene que hacer, pero sí me remito a las opiniones que vertió el solvente jurista Óscar Alzaga, el gran hermeneuta de la Constitución, en su Comentario sistemático de mil páginas publicado en el mismo año 1978. A Alzaga no le gusta el apartado 1 del citado artículo 99 porque no da margen explícito para que el jefe del Estado consulte a personalidades relevantes para pedir consejo o que incluso designe a un «informador» que le ayude a preparar el dictamen que se le requiere. Sea como sea, Alzaga reconoce que «el nombramiento del presidente del Gobierno es la prerrogativa más importante de cuantas reconoce nuestra Constitución al Rey, máxime porque en su seno hay una importante dosis de discrecionalidad»…

En definitiva, la opinión jurídica autorizada afirma que el Rey, asesorándose como le parezca si lo cree conveniente, es totalmente autónomo a la hora de pronunciarse sobre el particular. Lo que se pide a la Corona es que facilite de la mejor manera posible la gobernabilidad. Y a buen seguro, eso hará, aplicando toda su capacidad de discernimiento. 

*Periodista

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