CCOO reclama prestaciones contributivas y asistenciales por desempleo para las empleadas del hogar como parte de las medidas que propone al Gobierno para equiparar los derechos laborales y de Seguridad Social de este colectivo con los del resto de trabajadores.
Durante la presentación de sus "Propuestas para la plena integración, equiparación, profesionalización y dignificación de las trabajadoras del hogar", CCOO ve urgente además poner en marcha medidas para incentivar la regularización de los empleos del hogar no declarados.
Otra de sus reivindicaciones es un convenio propio para el sector, negociado en el marco del diálogo social, así como un catálogo de tareas o puestos de trabajo dentro del domicilio que identifique claramente las actividades, competencias, conocimientos y habilidades.
LA SENTENCIA DEL TJUE PERMITE A LAS EMPLEADAS RECLAMAR PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado marzo ha supuesto un importante respaldo jurídico a la reivindicación sindical de extender la cobertura de las prestaciones por desempleo para el colectivo de trabajadoras de empleo doméstico.
"Esto no puede ser un reconocimiento parcial de la prestación por desempleo para internas o personas con jornada incompleta", ha dejado claro el secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO, Carlos Bravo.
Además, según ha explicado Bravo, esta sentencia permitirá a las empleadas del hogar reclamar la obligación/deber de cotizar por desempleo y el reconocimiento del derecho a las prestaciones por desempleo aunque no haya cotizado para ello, así como la reparación de los daños ocasionados por violación del Derecho de la Unión Europea.
Esta respuesta del TJUE es una buena ocasión para legislar y "aflorar la economía sumergida que hay aquí", ha dicho Bravo, quien ha asegurado que el sindicato ha reclamado a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social que abra una mesa para abordar este asunto "de manera inmediata".
UNA DE CADA TRES EMPLEADAS DEL HOGAR TRABAJA EN EMPLEO SUMERGIDO
En el mercado laboral hay unas 600.000 personas trabajando en el hogar, de las que cerca de 200.000 siguen estando en empleo sumergido, es decir, sin estar dadas de alta y, por tanto, sin acceso a derechos de protección social.
Se trata de un colectivo compuesto en su mayoría por mujeres (9 de cada 10) que tampoco cuenta con los mismos derechos laborales que el resto de los trabajadores (en materia de despido, salud laboral, prevención de riesgos, prevención de acoso sexual y otros).
Tiene una elevada tasa de jornadas a tiempo parcial, del 51% de media, si bien se eleva entre aquellas con menos de 44 años, donde llega a superar el 60 % de los contratos.
También es alta la temporalidad, que se sitúa en el 25% de los contratos, una proporción que se incrementa cuanto más joven es el grupo de edad llegando a superar el 61 % los de menores de 24 años.
Además cuenta con una elevada tasa de empleadas con nacionalidad extranjera, en torno al 45%, destacando las personas nacidas en Rumanía, que suponen el 16,4 % del total de trabajadoras foráneas afiliadas en este sector de actividad.
La secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de trabajo de CCOO, Carolina Vidal, ha explicado que además de las actividades del hogar este colectivo ha realizado también un trabajo de cuidados, por la falta de una política y recursos públicos adecuados.
"Hay que dar valor al empleo en el hogar y sacarlo de las puertas de las casas para profesionalizarlo", ha dicho Vidal.
La norma que regula la relación laboral de las empleadas del hogar de 2011 recogió el compromiso de regular la extensión de la cobertura por desempleo en el plazo de un año, pero ha sido incumplido por los gobiernos correspondientes hasta la fecha.
Fruto de este incumplimiento, el Gobierno se vio obligado a crear una prestación para este colectivo en pleno confinamiento domiciliario, si bien solo 55.994 las empleadas de hogar solicitó esta prestación y solo 44.569 la percibieron.
Si tenemos en cuenta que hay unas 300.000 empleadas del hogar, esta medida tuvo una "menor aceptación", ha dicho Bravo, posiblemente por complejidad del procedimiento o dificultad para acreditar los requisitos.
