La diputada de Hacienda, Ana María Guerra, aboga por una reforma global en la financiación de los ayuntamientos aprovechando la definición de los criterios para repartir los 120 millones de euros a los municipios por la supresión del IAE. "Están prestando muchos servicios que la ley no establece como obligatorios. De lo que se habla es de una gran reforma de régimen local en la que se establezcan los competencias de los municipios y, en virtud de ello, la financiación para hacerlas", aseguró.
La vicepresidenta señaló también que la supresión del Impuesto de Actividades Económicas no ha beneficiado tanto a las empresas como era de esperar en un principio. "Un empresario podía pagar una media de 100 euros al año", indicó. A pesar de ello, Ana María Guerra afirmó que la ley establecía que los ayuntamientos podían aumentar otros impuestos como el IBI. "Muchos pusieron tipos muy altos para inmuebles que tenían un uso comercial", subrayó la diputada.
