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el apunte

Los frentes de la mina de litio

 

La máquina perforadora en uno de los puntos donde se han hecho sondeos. - F. VILLEGAS

El proyecto de la mina de litio tiene ahora numerosos frentes abiertos por decisiones que son accesorias de la principal: el acuerdo que finalmente tomen las direcciones generales de Minas y Medio Ambiente de la Junta sobre la concesión de explotación de los recursos mineros y la autorización ambiental.

Un frente son los pasos que va dando la empresa australiana Plymouth Minerals. El último es el acuerdo de su junta de accionistas de cambiar su nombre por Infinity Lihium porque se centrará en Valdeflores. La información es la corporativa de su propia web, que tiene, entre otros fines, difundir las ventajas del proyecto para atraer a nuevos inversores y accionistas. El valor sus acciones ha ido bajando desde octubre.

Otro frente es la paralización de los sondeos. Una medida cautelar acordada por el ayuntamiento tras la apertura de un procedimiento sancionador al haberse detectado incumplimientos en las licencias que otorgó. La empresa ha anunciado que va a alegar. El proyecto presentado en la dirección general de Minas para que tome una decisión sobre la concesión de explotación no tiene en cuenta los resultados de los sondeos que se han paralizado.

Un tercer frente son las relaciones entre Tecnología Extremeña del Litio, que es la empresa de Sacyr y Plymouth para Valdeflores, y el ayuntamiento, que ha mostrado su disconformidad con el proyecto. Por un lado la empresa se acerca al ayuntamiento al pedir una reunión para hablar del proyecto y por otro aparece un nuevo motivo de diferencia por la publicación en la web municipal de la documentación entregada a la Junta para la concesión de la explotación y la autorización ambiental. Si no hay cambios en el proyecto, la postura del ayuntamiento no va a cambiar y su decisión es vinculante en el trámite de la autorización ambiental.

Un cuarto frente se abre en la fiscalía al iniciarse diligencias por la denuncia presentada por un particular, Fernando García Figueroa, por, entre otros argumentos, daños ambientales causados para hacer los sondeos. Estos trabajos de investigación no tienen reflejo en el proyecto presentado en la Junta.

LO QUE SE DECIDE por la fiscalía es si la empresa se ha excedido. La valoración del ayuntamiento es que sí. La de la dirección general de Minas, con competencias distintas a las municipales, es que se ha ajustado a la autorización de investigación concedida. La dirección general de Medio Ambiente aún no se ha pronunciado sobre el cumplimiento del plan de restauración de los sondeos.

Estos frente y los abiertos en el debate político son accesorios de la tramitación en Minas y Medio Ambiente, que es donde se decide el futuro del proyecto y su viabilidad. La autorización de la dirección general de Minas por la actividad extractiva en sí, probablemente se obtendrá. Pero la autorización medioambiental, también necesaria, seguramente no. Y no solo por la oposición del ayuntamiento, cuya opinión es vinculante, sino también porque el estudio de los valores ambientales tendrá que dar unos resultados y los antecedente son favorables a la protección.

El proyecto está ya dentro del debate político y si su trámite sigue llegará a la campaña electoral, en mayo de 2019 hay cita con las urnas. El resultado de esas elecciones es otro frente que puede marcar el devenir del proyecto. Los miembros de la corporación municipal que salga de esas elecciones pueden ser más favorables a que se haga o los que se pongan al frente de la autonomía pueden ser más proclives al no o más partidarios del sí e incluso de promover un proyecto de interés regional.