Más de una decena de funcionarios trabajadores del centro penitenciario cacereño y delegados, a su vez, de distintos colectivos sindicales como CCOO, ACAIP-USO, UGT y CSIF se encerraron ayer en el edificio durante doce horas, desde las 9.00 hasta las 21.00 horas, en un acto de protesta por la masificación de reclusos y la escasez de personal de vigilancia que sufre la cárcel en la actualidad.
Según los funcionarios, la situación se hace "insostenible" tanto en el centro de cumplimiento como en el de inserción social. Si en el primero tan solo disponen de 74 vigilantes de interior, por los 101 que debería haber según la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), en el centro de inserción social, aunque tendría que haber 15, apenas cuentan con diez efectivos.
"Hay un 30% menos de funcionarios, ahora se jubilan otros diez compañeros y la perspectiva que tenemos es que no se podrán cubrir estas plazas", manifestó ayer a este diario Rafel López, del CSIF, "debido a la raquítica oferta de empleo público por los recortes". Para los funcionarios, este problema, "que viene de los últimos cuatro años atrás, está derivando en una situación kafkiana que está afectando a la conciliación de la vida personal de los trabajadores por la incapacidad de poder planificar sus descansos y, también, debido a una absoluta sobrecarga de trabajo que podría llegar incluso a generar problemas de seguridad en el centro", añadió López.
RECIENTE TRASLADO Además, tal y como indicó Alberto Ramajo, de CCOO, "cada vez hay más compañeros que pasan a segunda actividad por su avanzada edad y otros tres vigilantes del centro de cumplimiento acaban de ser trasladados al centro de inserción social".
La capacidad de la prisión es otro de los problemas. Según los afectados, en la mayoría de las cárceles del país la población reclusa ha disminuido, mientras que en la cacereña ha sucedido todo lo contrario. El centro penitenciario tiene capacidad para 350 presos, mientras que hoy en día alberga a 526. De ellos, prácticamente el 99% cumple condena en segundo grado, aunque existen algunos presos, vinculados con la banda terrorista ETA, recluidos en primer grado.
Lo que piden los afectados y participantes en el encierro, junto con el resto de la plantilla del centro, es una redistribución de los funcionarios de otras cárceles del país que no sufran los mismos problemas de personal. Este diario trató ayer de contactar con la entidad de la que dependen todas las cárceles españolas, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que actualmente se integra en el organigrama del Ministerio del Interior, sin obtener respuesta sobre posibles medidas a llevar a cabo para solventar esta escasez de personal y la masificación de presos existentes.
