Nada menos que 31,5 millones, casi dos de ellos para expropiaciones, un respiro sin precedentes para el tráfico que ahora soporta el eje San Francisco-Mira al Río y un comienzo de obras previsto para octubre o noviembre marcan las líneas maestras de lo que será la gran obra de ingeniería, la de mayor envergadura que se acomete en Cáceres desde hace décadas: la ronda sureste. Ayer, la comisión de Urbanismo del ayuntamiento dio un paso más en este mastodóntico proyecto dictaminando a favor de la aprobación de un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura y el ayuntamiento para la ejecución de las obras en el tramo Ex 206-521.

Este convenio se exige porque lo marca la legislación vigente al ser el instrumento que estipula las competencias de ambas administraciones en el itinerario y costrucción de la ronda. De manera que con el documento el ayuntamiento se compromete a poner a disposición de la Junta los terrenos necesarios para la ejecución de esta infraestructura. También se contempla que el ayuntamiento ponga a disposición de la Junta cualquier otro terreno que pudiera venir por cesión futura, en aquellos supuestos en los que se produzca la ejecución de alguna unidad de planeamiento.

Determina igualmente que en los terrenos sobre los que va a discurrir la ronda, el órgano expropiante será la Junta de Extremadura. En cuanto al mantenimiento de la infraestructura, una vez finalizada la obra, la Junta se hará cargo de todos los gastos que ocasione el uso, mantenimiento, la conservación y explotación de la plataforma. El ayuntamiento, por su parte, se encargará de los gastos que ocasionen el uso, mantenimiento, conservación y explotación del resto de la obra ejecutada; es decir, se trataría del alumbrado, jardinería, semaforización, carriles bici, zonas peatonales, mobiliario urbano, abastecimiento y saneamiento.

El presidente de la comisión, Valentín Pacheco, ha valorado el trabajo que se está realizando de manera conjunta para que se ponga en marcha esta infraestructura tan necesaria para la ciudad de Cáceres. El convenio ha sido aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión. El concejal socialista, Andrés Licerán, también valoró la necesidad de la infraestructura.

LA CASA DEL SOL / La de ayer fue una macrocomisión de urbanismo de más de dos horas de duración en la que además se aprobó inicialmente la modificación puntual del Plan General Municipal en la manzana del recinto intramuros del casco histórico, en el que se ubica la Casa del Sol, a petición de los hermanos de la Preciosa Sangre. El objetivo de esta modificación del Plan General Municipal es armonizar este documento con el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres en cuanto a sus usos. Con ello se permitirá cambiar el uso de la Casa del Sol, que solo contempla un fin cultural, para poder ampliarlo a otros complementarios, como el de albergue y restauración, en base a un proyecto presentado por los titulares de esa edificación.

De esta forma se mantiene como uso primordial el cultural, pero se permiten otros complementarios, «siempre y cuando el uso de restauración y albergue no superen el 25% de la superficie edificada total», reza el informe técnico. Se ha dictaminado de manera favorable por la unanimidad de los grupos.

En la comisión también se ha dictaminado a favor de la prórroga del contrato de concesión del servicio de limpieza, mantenimiento, conservación y vigilancia de dependencias y pistas deportivas municipales con Conyser. El contrato estipula que se puede prorrogar durante un año sin necesidad de un nuevo concurso. La prórroga ha contado con los votos favorables de PP y Cs, el voto en contra de CáceresTú y la abstención del PSOE.

La comisión debatió igualmente sobre los problemas que han acarreado al equipo de gobierno las empresas Adomi Sacor (gestionaba los apacamientos del campus) y la Agrupación Cacereña de Industriales de la Carne (llevaba el matadero). Ninguna de las dos estaban al tanto de sus pagos con el consistorio, lo que les impide concurrir a concursos públicos, de modo que la comisión ha aprobado con la unanimidad de los grupos dos expedientes para la ‘declaración de prohibición’ de contratar con la administración a estas dos empresas.

En esta misma línea se ha dictaminado sobre el recurso de reposición contra la imposición de una multa por incumplimiento en el contrato de energía y gestión energética del alumbrado público presentado por la empresa SICE. La comisión ha desestimado, por unanimidad, dicho recurso, por lo que sigue la imposición de esa multa. Todo parte de una denuncia que interpuso el PSOE ante las quejas justificadas de que la iluminación led estaba causando inconvenientes en la ciudad. «Había farolas pero no se veía en las calles», recordó Licerán a este diario.

En materia de Planeamiento se ha dictaminado a favor del programa de ejecución de la unidad de actuación del sector del suelo urbanizable de Montesol III con el voto favorable de PP, PSOE y Cs y el voto en contra de CáceresTú.

También se ha dictaminado favorablemente al programa de ejecución del Nuevo Ferial cuya agrupación urbanística ha presentado las garantías para dar viabilidad a dicho programa. De momento lo que se hace es delimitar la zona y sus usos, pero de ahí a que salgan adelante los proyectos de ocio, zonas verdes y pisos va un trecho.

En lo referido a licencias, se ha recibido petición de calificación urbanística para actividad extractiva en la finca La Pedregosa, dictaminándose favorablemente a la remisión del expediente a la Junta para que pueda recibir la calificación urbanística desde el ejecutivo regional. Igualmente se ha llevado a comisión el Plan Director de la Muralla para el conocimiento de los grupos, además de informar de la intención de concurrir al 1,5% cultural de Fomento para financiar las obras de restauración de esta joya intramuros.

Por último se dejó sobre la mesa la reclamación de devolución de la garantía de 8.000 euros que reclama la exadjudicataria de la cafetería del Bombo de Cánovas a la espera de informes jurídicos. El ayuntamiento le reclamaba ese dinero por incumplimientos, pero hay una letra pequeña del contrato que dice que cuando entra el nuevo concesionario se subroga a todas las obligaciones y con ello a las deudas. «Si es así -informó el el edil socialista Andrés Licerán- habría que devolverle a la primera adjudicataria la garantía y reclamarle esa cantidad al nuevo adjudicatario». Los informes jurídicos decidirán.