El Corte Inglés rechazó venir a la capital cacereña en el año 2014. Lo hizo el entonces director y hoy presidente del gigante comercial, Dimas Gimeno, a través de una carta remitida al PSOE de la ciudad, en la que indicaba que el trámite administrativo no había acabado una década después y que esta demora había coincidido «con la crisis que soporta el país, en particular el consumo», decía exactamente en la misiva.
Tres años después de esto los problemas con la operación urbanística seguían en los tribunales. El Corte Inglés recurrió una sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres dictada en junio del 2015 en la que no aceptaba su petición para que los promotores cacereños, Estudios Urbanísticos Medioambientales, le pagaran 1,2 millones de euros. Es el dinero que el gigante comercial depositó en dos avales (174.000 euros en 2005, cuando comenzó la operación y 1.044.000 euros al año siguiente. El Corte Inglés alegaba que los promotores habían incumplido el contrato, sin embargo ni la Audiencia ni ahora el Supremo lo consideran así.
El litigio comenzó después de que el grupo que preside Dimas Gimeno decidiera rescindir el contrato, a finales del 2012, y desistir del proyecto en Cáceres. Reclamó judicialmente la devolución del dinero depositado en esos dos avales a través del Juzgado de Primera Instancia Número 5 de Cáceres alegando «incumplimiento de contrato de compraventa de cosa futura». En principio el juez dio la razón al gigante comercial y obligaba a Estudios Urbanísticos y Medioambientales a devolver el dinero. Suscribía, tal y como informó entonces este diario, que se había incumplido el contrato porque los promotores no adquirieron el terreno en el plazo pactado y «no se aprobó el convenio -urbanístico con el ayuntamiento- ni los proyectos de urbanización en los plazos pactados». Así como que desconocían que Estudios Urbanísticos y Medioambientales cedió el contrato a Promociones Almonte 2000.
DESde 2005 / Todo empezó en 2005, cuando la congregación de las Carmelitas y los promotores cacereños firmaron el contrato de opción a compra sobre una porción del solar en el que se encuentra el colegio, de 7.140 metros, y se pactaron prórrogas sucesivas hasta 2010; (desde 2007 lo gestionó Almonte).
Al mismo tiempo, la empresa y El Corte Inglés suscribieron un compromiso de actuación urbanística sobre una porción de 3.200 metros de ese solar en los que se levantaría el centro comercial, vinculado al contrato con las monjas, según recogía el fallo del juzgado de primera instancia. En los trámites sucesivos, la empresa entregó los dos avales por 174.000 euros (en 2005) y 1.044.000 euros (en 2006), que ha demandado judicialmente. En el año 2010, cuando aún se tramitaba el proyecto, venció el derecho de opción de compra sobre el solar, aunque las conversaciones entre las distintas partes siguieron al menos hasta finales de 2011.
Los promotores cacereños recurrieron este fallo a la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que revocó la sentencia. La sala, por contra, considera que El Corte Inglés «tuvo conocimiento» de la cesión del contrato a Almonte y que «en ningún momento se negó, ni se desconoció, ni se cuestionó, sino que, antes al contrario, se consintió tácitamente». Alega una «amplísima» prueba documental que acredita esto y menciona que el plan urbanístico de esta operación lo presentó Almonte en el ayuntamiento «hecho del que tuvo conocimiento El Corte Inglés». Como prueba existen resúmenes de prensa que lo corroboran. «Era conocido por todos en la ciudad de Cáceres que el promotor del proyecto era Promociones Almonte 2000 por lo que es materialmente imposible que El Corte Inglés lo desconociera».
El gigante comercial presentó recurso de casación al Tribunal Supremo que no lo ha admitido y confirma el fallo de la Audiencia Provincial de Cáceres. La sentencia ya es firme.
