El Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) se personará como acusación particular en la causa que instruye el juez Garzón sobre las operaciones vinculadas al proyecto urbanístico Niesma, la rama del caso Pretoriaque afecta al municipio, según informó ayer en una nota el Gobierno municipal, encabezado por Bernat Graupera (CiU).
La operación Niesma investiga un convenio en la zona conocida como Can Riviere que habría permitido subir el precio de unos terrenos, reportando comisiones a Luis García, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra. La cantidad defraudada podría ser de 17,8 millones de euros.
