El sindicato CCOO alertó ayer del significativo aumento que ha experimentado el colectivo de parados de larga duración en Extremadura, que se ha incrementado en un 26% en los últimos dos años, hasta los 61.144. De igual forma, la organización denunció el descenso de siete puntos registrado en la tasa de cobertura, que pasa del 63% al 57%, lo que significa que 64.198 de los 150.622 desempleados extremeños no perciben ninguna prestación.

Ante estos datos, el secretario regional de CCOO, Julián Carretero, instó a la Junta a tomar medidas "de choque", entre las que propuso la puesta en marcha de un plan de empleo, la eliminación de "todo elgasto superfluo" de la Administración y más inversiones en industria e infraestructuras. Los datos ofrecidos han sido recabados por el propio sindicato y según Carretero, son consecuencia directa de las políticas de ajuste aplicadas por el Gobierno regional en el marco de su "prioridad" de cumplir el objetivo de déficit. Así, el responsable de CCOO ha considerado "claramente insuficientes" los programas puestos en marcha para reducir el paro de larga duración, que suman un cómputo de 1.800 contratos de media.

En respuesta, el Gobierno regional explicó en un comunicado que los parados de larga duración son "un colectivo preferente" en sus medidas de empleo, que según recuerda, fueron consensuadas con los agentes sociales y económicos y por lo tanto, "llevan la firma de CCOO". Según la Junta, las acciones incluidas en el Plan 3E (firmado al inicio de la legislatura) para los desempleados que llevan más de un año sin trabajo han beneficiado hasta el momento a 8.376 personas. "Los firmantes del plan sabíamos que daría resultados a medio y largo plazo", explica el Ejecutivo, que recuerda también que ha apostado fuertemente por la formación de estas personas para mejorar su empleabilidad, ya que el 45% de ellas no tienen el graduado en ESO.

El Gobierno regional indicó también que está compaginando la atención a este colectivo con uno de los programas prioritarios a nivel europeo, el Sistema de Garantía Juvenil, que ya conocen los sindicatos y por el que está obteniendo el reconocimiento de las autoridades de la Unión Europea.