Globos blancos y un manifiesto para defender la escuela concertada. Así terminaron ayer las clases los más 25.000 alumnos extremeños que estudian en los 63 colegios concertados de la región. El sector se siente en el punto de mira por el descenso de la natalidad y el nuevo decreto de conciertos para los próximos cuatro años (seis en Primaria), que debe ser aprobado antes de que termine este curso, no hace más que alimentar su desconfianza.

El sector teme que el próximo curso la administración recorte aulas concertadas y que siga haciéndolo en los años siguientes en base a la normativa que está a punto de aprobar. El nuevo decreto establece que los conciertos se revisarán cada año (como venía ocurriendo hasta ahora) y se concederán en función de la ratio de alumnos por aula que tengan los centros públicos que se sitúan en la misma zona. La cuestión es que los centros públicos están perdiendo alumnos progresivamente por la caída de la natalidad y esto es lo que realmente preocupa al sector.

Desde el año 2011, la concertada ha perdido una veintena de unidades y la pública ha cerrado un centenar de aulas en Infantil y Primaria. Y el descenso continúa. Para el próximo curso está previsto que haya 37 unidades públicas menos y todavía hay que determinar la oferta de la concertada para el próximo curso.

INVERTIR MÁS Y MEJOR / «Pedimos a Guillermo Fernández Vara que la bajada de la natalidad y la vuelta de inmigrantes a sus países de origen no se conviertan en una excusa para que el gobierno que preside cierre unidades, ni públicas ni concertadas, sino que debe ser una oportunidad para que se invierta más y mejor, con el único fin de que la educación extremeña ocupe el lugar que le corresponde», señalan desde Escuelas Católicas de Extremadura. Este colectivo, que aglutina a buena parte de los centros concertados de la región, ha elaborado el manifiesto que ayer se leyó en todos los centros y que apoya USO, el sindicato mayoritario en la concertada de Extremadura, y la Confederación Nacional Católica de Padres de Alumnos (Concapa).

En dicho manifiesto, el sector tiende la mano a la administración y se aleja de cualquier tipo de confrontación con la educación pública. «Buscamos el diálogo, la colaboración y complementariedad. Siempre hemos valorado la gran labor que realizan los profesores de los centros públicos, en ocasiones en situaciones sumamente difíciles, y reclamamos las mismas condiciones para el profesorado de la concertada», Asimismo, Escuelas Católicas recuerda que la concertada supone «un ahorro económico a la sociedad extremeña», ya que asegura que el coste del puesto escolar público es de 6.000 euros frente a los 3.000 de la concertada. Defiende el arraigo en la comunidad y desmiente que este tipo de educación haya crecido a costa de la pública en los últimos años. «Al contrario, con el paso del tiempo hay menos enseñanza concertada en proporción con la pública al haber sido eliminadas muchas unidades de apoyo». Destaca además que realizan una gran labor social puesto que garantiza la oferta educativa en todo el territorio extremeño: «más de la mitad de nuestros centros se ubican fuera de los grandes núcleos urbanos».

Por todo ello, estos centros defienden la libertad de elección de los padres de los alumnos (recogida en el artículo 27 de la Constitución Española) y reclaman una «justa financiación de conciertos» para que haya un equilibrio con la pública y los mismos derechos para sus alumnos. «Proponemos a la Consejería de Educación que se haga un estudio profundo sobre los probres resultados en nuestra región y seamos valientes y autocríticos en adoptar las medidas adecuadas y poner los medios necesarios». Además de la protesta simbólica realizada ayer, la concertada ha recogida firmas a través de Change.org (lleva más de 4.000) y ha llevado a cabo una campaña para conseguir alumnos el próximo curso.

LOS MISMOS CRITERIOS / Por su parte, desde la Consejería de Educación extremeña insisten en que la enseñanza concertada «no está en peligro en Extremadura, pero a esta se le deben aplicar los mismos criterios de reducción de unidades que a la pública, debido a la consabida bajada de la escolarización por la reducción de la natalidad». «No hay motivo para preocuparse», dijo ayer el secretario general de Educación.

La administración explica que el nuevo decreto de conciertos educativos ha sido negociado con la patronal y los sindicatos de esta enseñanza y que cuando se apruebe este nuevo decreto se publicará una convocatoria de conciertos en la que aparecerá el plazo para solicitar los conciertos. «Una vez finalizado dicho plazo y antes de resolverlo, se convocarán reuniones en cada provincia con la patronal y los sindicatos para presentarles las propuestas de la Administración y escuchar sus contrapropuestas». Insiste en que la revisión anual de los conciertos ya se recogía en el anterior decreto del 2013 negociado por el PP y asegura que el nuevo texto mejora aspectos eminentemente técnicos.