La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, aseguró ayer que la futura Ley de Montes aumentará las garantías de protección de estos espacios, actuará contra los especuladores y permitirá a las comunidades autónomas disponer de herramientas más eficaces en la lucha contra los incendios forestales.

El Pleno del Congreso de los Diputados dio el miércoles luz verde al dictamen del proyecto de ley para modificar la Ley de Montes, que será remitido ahora al Senado. Con la entrada en vigor de la nueva norma, según dijo la delegada del Gobierno en un comunicado remitido a Efe, "habrá más garantías para proteger nuestros bosques y montes de los malos usos y de las agresiones ambientales causadas por humanos". Especialmente, señaló, los incendios, porque "se perseguirán y castigarán con mayor contundencia los delitos medioambientales".

Pereira recuerda en la nota que "la mayor parte de los incendios se debe, desgraciadamente, a la acción humana" y, por eso, advierte de que "no vamos a permitir ninguna actitud de tolerancia hacia ningún delito ecológico, ni fundamentalmente hacia los incendios forestales que tienen una gravísima consecuencia social y económica, cuando no humana, lo que resulta aún más grave".

Según los datos aportados por la delegada del Gobierno, la mayor parte de la superficie quemada en Extremadura en el 2005 era superficie forestal, concretamente, el 96%, y supuso la calcinación principalmente de pinos, eucaliptos, encinas y robles.

Además, el 45,3% de los incendios fueron intencionados, seguidos por causas desconocidas con el 33,5 por ciento, el 7,8 por ciento por negligencias, el 7,6 a motores o maquinarias, el 3,8 a otras causas y el 2,5 por ciento a causas naturales.

CIFRAS DEL 2005 En total, el año pasado se produjeron 1.644 incendios forestales en Extremadura, en los que fueron calcinadas 14.733 de los 2,8 millones hectáreas de superficie forestal de la comunidad autónoma.

De la futura normativa, la delegada de Gobierno destacó también la creación de la figura Fiscal de Sala de Medio Ambiente, la instauración del fondo para el patrimonio natural destinado a la financiación de la gestión sostenible de los montes y la prohibición de cambiar el uso del suelo durante al menos 30 años después de producirse un incendio para evitar la especulación.

Con la nueva ley desaparecerá la posibilidad de cambiar el uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, industrial o urbanizable.