El ayuntamiento ha informado al Defensor del Pueblo de que desde el 8 de mayo de 2013, en virtud de la problemática surgida por la exigencia de garantías, no ha vuelto a exigir fianza para poder celebrar manifestaciones en la ciudad.
La oficina del Defensor del Pueblo ha realizado varias recomendaciones al consistorio como consecuencia de las sanciones de cien euros que impuso a dos miembros del campamento dignidad en abril de 2013 por haber anunciado una manifestación mediante el reparto de octavillas. Uno de ellos decidió abonar la multa, pero el otro acudió al Defensor del Pueblo.
El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Extremadura (STA-Ex) ha hecho pública la última respuesta recibida por parte de Concepció Ferrer i Casals, adjunta segunda del Defensor del Pueblo, en relación con esas sanciones y a la modificación del criterio de exigir fianzas con motivo de la celebración de manifestaciones.
En su escrito, Ferreir i Casals ha explicado que el ayuntamiento ha atendido los requerimientos de información realizados por el Defensor del Pueblo y ya no exige fianza, que devolvió por manifestaciones en abril y mayo.
