El oficial de la policía local Ramón A. R. fue detenido ayer por un presunto delito de coacciones. La detención la llevaron a cabo agentes de la policía judicial del Cuerpo Nacional de Policía en cumplimiento de la orden dictada por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, a raíz de la denuncia presentada contra el oficial por el propietario de un taller de compra-venta de vehículos. Los indicios apuntan a que Ramón A. R. habría ordenado a la grúa, indebidamente, retirar de la calle dos vehículos propiedad de Talleres Marcos, y haberlo hecho "en represalia" por no haber querido venderle una furgoneta.

Ante las sospechas de que el oficial podía haber cometido un delito, el juez encargado del caso, Federico Alba, ordenó ayer su detención, que según confirmó la Subdelegación del Gobierno se produjo sobre las 14.30 horas en el propio domicilio del detenido, al estar este de descanso.

Ramón A. R., en calidad de imputado, comenzaba apenas diez minutos más tarde a prestar declaración ante el juez, en presencia de su abogado, Juan José Flores, y la fiscal de guardia. Casi dos horas después, sobre las 16.20 horas, quedó en libertad, con la obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, a la espera del juicio.

A la salida del Palacio de Justicia, tanto su abogado como el acusado, con la voz entrecortada y cubriendo los ojos con unas gafas de sol oscuras, declinaron hacer declaraciones a EL PERIODICO, limitándose tan solo a manifestar que las acusaciones "son absolutamente falsas".

Por su parte, el juez y la fiscal confirmaron la orden de detención y el delito que se le imputa, que es de coacciones con el agravante de abuso de autoridad, pero nada más añadieron, alegando que se trata de un "asunto muy delicado y es mejor esperar al resultado de la investigación".

Por el momento este oficial está en libertad, pero fuentes policiales señalaron que el estar imputado en una causa judicial podría suponerle algún tipo de suspensión, algo que tendrá que estudiar el equipo de gobierno municipal. Este diario intentó confirmar este extremo, pero no fue posible localizar al concejal delegado, Santos Parra.

LOS HECHOS El arresto, aunque se produjo en el domicilio y no en las dependencias municipales, sorprendió a todos sus compañeros y causó un gran revuelo en la Jefatura de la Policía Local.

Según la denuncia presentada por el dueño de Talleres Marcos, hechos que confirmaron fuentes de la Fiscalía, el detenido tenía interés en comprar una furgoneta, y ya había tenido contactos con su propietario, pero el dueño del taller se le adelantó. Entonces Ramón A. se dirigió a éste con la misma intención de que se la vendiera, sin conseguirlo. Ante ello, el policía habría manifestado: "Si no me la vendéis ateneos a las consecuencias".

Todo quedó así hasta que el pasado lunes por la mañana comprobaron que la furgoneta de la polémica y otro de sus vehículos habían desaparecido de la puerta del taller. "Acudimos a la policía pensando que los habían robado y nos enteramos de que este oficial había ordenado a la grúa que los retirara, primero alegando que no tenían seguro y, después, cuando presentamos los papeles, que estaban mal aparcados". Ante la negativa a devolvérselos, "que nos hizo sospechar que se trataba de una represalia por no querer venderle la furgoneta", dice el dueño del taller, el pasado jueves acudió al juzgado y denunció los hechos.

Ayer, a las 13.00 horas, los dos vehículos habían sido devueltos, y, a las 14.30, el oficial que ordenó su retirada era detenido.