El TSJEx anula la legalización de la cantera de La Pedregosa por el tamaño de la parcela

Es la segunda vez que una sentencia anula la legalización de la cantera de La Pedregosa. La primera obligó a reiniciar la tramitación administrativa. Esta segunda acabará en el Tribunal Supremo, al menos esa es la intención de Áridos Sevilla Nevado, propietaria de la extracción y que ha pedido una aclaración de la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). La empresa estudia interponer un recurso ante el Supremo.

La resolución judicial no entra a valorar la protección del terreno, no va al fondo de si en un suelo no urbanizable de especial protección dehesa cabe o no una explotación extractiva. El motivo principal por el que tumba por segunda vez la legalización de la cantera es que no se cumple la condición de parcela mínima que fija el plan general municipal de urbanismo, que es de 50 hectáreas. Aunque la explotación ocupe 14 hectáreas, se necesita que la parcela donde se lleve a cabo tenga un mínimo de 50.

El tribunal detalla en su resolución que la calificación urbanística necesaria para la legalización de la cantera se dio sobre una superficie de 42,6 hectáreas. No se llega al mínimo de 50. Aunque en su defensa, la empresa argumentó que la parcela sobre la que se asienta la explotación tiene 143.

El segundo motivo es que el tribunal no permite que la empresa pueda beneficiarse de la excepción que da el plan, que permite no cumplir con la condición de tamaño mínimo para las parcelas y actividades preexistentes a su aprobación en 2010. No lo permite porque aunque la actividad extractiva ya se desarrollaba con anterioridad a ese año, lo hacía sin la «precisa calificación y licencia urbanística», según destaca.

La cantera se encuentra dentro del término municipal, pero está más próxima a Malpartida que a Cáceres. Se han tramitado hasta tres expedientes para su legalización, el primero en 2007, cuando estaba en vigor el plan de urbanismo de 1999, y se denegó. Los otros dos intentos terminaron con la autorización administrativa y la legalización, pero esta decisión se anuló tras resoluciones judiciales. La primera vez fue porque se tenía que elaborar un nuevo informe de impacto ambiental.

En los procesos judiciales con sentencias que anulaban la autorización administrativa, la parte recurrente ha sido un particular, Víctor Laso Madridejos. Según la información de la web Empresia, que recoge datos del Borme, Laso ostenta cargos de representación en una decena de empresas, ninguna de ellas registradas en Cáceres, sino en Madrid.